Por Asociación de Contribuyentes
Imaginen un colegio estatal en el que los profesores reciben un bono en su sueldo cuando castigan a un niño. Imaginen al profesor recibiendo la notificación que les da la noticia. “A partir del mes de junio, todo profesor que penalice, suspenda o aplique una sanción a un niño, recibirá un aumento de 10 soles por sanción”.
El sector pesquero fue el de mayor avance entre enero y marzo, según el INEI.
Imaginen ahora un hospital del Estado en el que los doctores reciben un bono en su sueldo cuando un paciente regresa nuevamente con una antigua o nueva enfermedad, o inclusive con alguna recaída.
Imaginen ahora al oficial o suboficial en la Comisaría recibiendo una directiva de sus altos mandos diciendo que recibirá un bono por cada multa que ponga. O al funcionario fiscalizador de la Sunafil enterándose de una noticia similar. O piensen en cualquier personaje que tenga el rol de “controlar una conducta” desde la burocracia pública. ¿Qué pasaría? ¿Qué generaría en ellos?
Si algo tienen en común, profesores, doctores, policías y fiscalizadores es que una parte de sus roles implica controlar conductas. El profesor controla la conducta del alumno. El doctor controla la conducta del paciente. El policía tiene el poder de controlar la conducta del ciudadano. Y la Sunafil tiene el rol de controlar la conducta de emprendimientos y negocios.
Ahora imaginen que les aumentan el sueldo por castigar conductas inadecuadas. No por prevenirlas. No por reducirlas. No por generar más conciencia. Les aumentan el sueldo por castigar. Por encontrar. Por hallar. Por “ampayar”.
Lo más probable es que todos estemos de acuerdo en que este incentivo es perverso. Es tóxico. Es enfermo. Es injusto. El burócrata no buscará el bien del sujeto al que tiene el poder de controlar, sino simplemente hallarlo en falta. Es más, se las ingeniará para encontrarle el pecado, la culpa.
Bueno, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso Peruano ha aprobado un dictamen que obliga al Ministerio de Economía y Finanzas a activar una partida explícita para recompensar a los fiscalizadores de la Sunafil que logren recaudar fondos para el Estado provenientes de acciones de fiscalización.
Lo preocupante es que cuando el medio estatal “El Peruano” publica la noticia sobre este proyecto de ley, lo cuenta de esta manera “La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso (…) aprobó con 12 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, el dictamen (…) dirigido a fortalecer el cumplimiento de las funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)”. ¿Fortalecer la Sunafil? ¿El “cumplimiento” del propósito se basa en multar empresarios?
El problema de fondo es otro: el burócrata peruano vive del control que posee y del placer que siente ejerciéndolo en contra de la libertad de los que pagan —irónicamente— su sueldo. Al Estado no le interesa que seas un mejor alumno, paciente, conductor o empresario. Le interesa pegarte cuando haces algo mal porque así se justifica su existencia: “oh miserables humanos, me necesitan a mí, burócrata, porque sin mí serían unos lobos desalmados tragándose unos a otros”.
A la Sunafil no se le fortalece dándole más poder para castigar. Se le fortalece dándole una legislación laboral inteligente que pueda implementar. Se le fortalece contratando funcionarios saludables que quieran que haya más empresa, no menos empresa. Se le fortalece acercándola al ciudadano y al emprendedor de forma pedagógica y didáctica, no dándole bono, dinero o incentivos para darnos una patada en las posaderas.
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