Según lo informado por el ministro Marcel, hasta la fecha se han iniciado sumarios que afectan a 6.592 empleados, pertenecientes a un total de 131 servicios públicos.
Más de 1.000 funcionarios públicos ya han abandonado el Gobierno en medio de la investigación llevada a cabo por la Contraloría General de la República, la cual detectó que más de 25 mil viajaron al exterior haciendo uso de licencias médicas.
De acuerdo con lo comunicado este martes por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, los sumarios abarcan a 6.592 trabajadores de 131 entidades públicas.
Junto con la Directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, el secretario de Estado detalló que 1.102 empleados han dejado la administración gubernamental como conscuencia de estas irregularidades, sin especificar si fueron renuncias o despidos, ni si ocurrió antes o después del informe fiscalizador del 20 de mayo.
"La cifra de personas que han abandonado la administración hasta hoy, martes, por incurrir en estas prácticas es de 1.102 en el Gobierno Central, sin incluir municipalidades", señaló.
En este contexto, Marcel indicó que aproximadamente uno de cada 10 funcionarios involucrados ingresó al Estado a partir de 2022.
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La ruta de las sanciones
El titular de Hacienda explicó que se están aplicando sumarios administrativos, distintos a una "investigación sumaria".
Aseguró que es un proceso "relativamente simple", que no se prolonga mucho y se basa en tres preguntas: la causal de la licencia, los viajes realizados y el motivo de estos.
"No requiere testigos ni una investigación exhaustiva", precisó, adelantando que, según los resultados, habrá sanciones administrativas y penales.
Entre las consecuencias están el rechazo de licencias y la devolución de fondos al empleador. Las sanciones pueden incluir destitución, suspensión con reducción de sueldo, o incluso sobreseimiento en casos como licencias maternales, compatibles con viajes.
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Acceso a cartolas
En su comparecencia ante el Senado, la Contralora General, Dorothy Pérez, pidió mayores atribuciones para fiscalizar mejor los recursos públicos.
Solictó "reforzar nuestras facultades" para acceder a bases de datos y cartolas bancarias de servicios públicos, algo común en otros países pero que en Chile choca con el secreto bancario.
"Necesitamos ver saldos y movimientos mensuales para detectar fugas a tiempo, porque ahora actuamos cuando el dinero ya desapareció", argumentó.
Además, propuso que la Contraloría pueda aplicar sanciones directamente, ya que actualmente, tras auditorías extensas, a veces reciben sobreseimientos o censuras en casos graves, lo que "desmoraliza a la institución y a la ciudadanía".
Mencionó proyectos en trámite, como el de beneficiarios finales y transparencia 2.0, que mejorarían el control de recursos. También anunció una auditoría coordinada para recuperar subsidios por licencias médicas fraudulentas, fiscalización que se repetirá anualmente para "desincentivar irregularidades y ahorrar al erario público".
Su solicitud fue bien recibida por varios senadores, quienes expresaron apoyo.
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Más renuncias
A las dimisiones por el mal uso de licencias médicas, este martes se sumó Carmen Monsalve Benavides, exintendenta de Prestadores de Salud y hermana del exsubsecretario del Interior, según informó T13.
También renunció el gerente corporativo de Personas de Metro, Patricio Baronti, por viajar al extranjero durante una licencia médica.