Poder Judicial aumetó su pena tras apelación fiscal y elevó la reparación civil a medio millón de soles.
El Poder Judicial incremento la condena contra el excongresista Freddy Díaz a 18 años de prisión efectiva, tras hallarlo responsable del delito de violación sexual contra una extrabajadora de su despacho. Esta decisión se tomó luego de que la Corte Suprema evaluara una apelación presentada por el Ministerio Público, que consideraba insuficiente la sentencia original de 13 años y cuatro meses.
La resolución se dio en una audiencia reservada de la Sala Penal Permanente, que declaró fundada en parte la solicitud de la fiscal suprema Zoraida Ávalos. Aunque la Fiscalía había pedido 20 años de pena privativa de libertad, el tribunal determinó que 18 años eran proporcionales a los hechos comprobados. Además, se aumentó la reparación civil a favor de la víctima de S/ 352,197 a S/ 500,000, monto que deberá ser asumido por el exlegislador.
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El delito ocurrió el 26 de julio de 2022 en el Congres de la República, dentro del despacho parlamentario de Freddy Díaz. Aquella noche se celebraba la elección de Lady Camones como presidenta del Congreso, y se consumieron bebidas alcohólicas. La víctima, quien trabajaba en el equipo del excongresista, denunció que perdió el conocimiento tras ingerir alcohol y despertó con signos de agresión sexual.
Durante el juicio, Freddy Díaz intentó defenderse alegando que mantuvo una relación consensuada con la denunciante. Sin embargo, su versión fue desestimada por el tribunal. La Sala Penal concluyó que la víctima se encontraba en un estado de inconsciencia que le impedía ejercer su consentimiento, validando así su testimonio y las pruebas presentadas por la Fiscalía.
La Corte también cuestionó el abuso de poder que representó el uso de un espacio institucional para cometer el delito. El caso ha generado repercusión en la opinión pública y ha sido considerado como un ejemplo del grave impacto que tienen estos crímenes cuando ocurren dentro de instituciones del Estado.
Freddy Díaz, quien fue electo por Alianza para el Progreso, fue inhabilitado previamente por el Congreso por 10 años para ejercer funciones públicas. Ahora enfrentará una condena de 18 años de cárcel y la obligación de pagar medio millón de soles como parte de una reparación civil por los daños ocasionados.