Vaya sentido de la oportunidad. En una coyuntura tan grave para el país por el asedio descontrolado de la delincuencia y en la cual no se ve acción ni decisión del Gobierno para enfrentarla, a la presidenta de la República se le ocurre deslizar una idea tan fuera de lugar como subirse el sueldo.
Lo hace a través de una “recomendación” del Ministerio de Economía y Finanzas, claro, pero eso es lo de menos. Dina Boluarte pretende un aumento extraordinario, completamente injustificado, de sus emolumentos, cuando apenas el 3% de la población aprueba su trabajo como gobernante.
Como han dicho los expertos consultados por este diario, no sería un incremento meritocrático ni oportuno. Una pretensión de esa naturaleza lo que ocasiona, más bien, es elevar la indignación de la gente, que ya bien alta es, al punto que solo el 3% de los ciudadanos de todo el Perú la aprueba.
En el informe del MEF que sustenta las aspiraciones presidenciales se sostiene que Perú es el segundo país que menos paga a sus mandatarios (4,327 dólares), superado solo por Bolivia. Sin embargo, si Boluarte lograra la “actualización salarial” que pretende pasaría a ganar 9,718 dólares, una cifra que supera el sueldo de los jefes de Estado de Chile, Panamá, Colombia, Brasil, Honduras, Argentina, Ecuador y Bolivia.
Más allá de las cifras, sin embargo, están los pobres resultados del Gobierno en cuanto a reactivación de los distintos sectores económicos del país, los escándalos que rodean las andanzas quirúrgicas palaciegas y, como Perú21 viene denunciando, la ausencia total de una estrategia clara contra la delincuencia callejera y el crimen organizado. Porque es notoria la falta de un trabajo a conciencia para combatir el avance de las economías ilegales sobre las instituciones formales, los emprendimientos y, en general, las actividades con que los peruanos se ganan —y en estos últimos años, se juegan— la vida diariamente.
Aun así, en el gabinete ministerial se tiene la desfachatez de maquinar un aumento del sueldo presidencial.
Al seguir el pésimo ejemplo del Congreso, cuyos miembros se autoasignan bonificaciones, aguinaldos, viáticos, reajustes, dobles sueldos y demás goyerías cada que les viene en gana, la mandataria le asestaría —con este antojadizo aumento— un nuevo golpe a la credibilidad, no solo del Gobierno o la clase política local, sino de la democracia peruana en su conjunto.