El Gobierno ya tomó posición. Y no es tibia.
Comisión Permanente, en segunda votación, respaldó el dictamen que favorece además a efectivos mayores de 70 años que estén sentenciados.
A través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), el Ejecutivo rechazó tajantemente la interferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el debate legislativo sobre la ley de amnistía a militares, policías y comités de autodefensa que combatieron el terrorismo entre 1980 y 2000.
¿El detonante? Una resolución firmada por la Presidencia de la Corte IDH el 24 de julio, que ordena suspender la Ley de Amnistía para Militares y Policías.
Pero el gobierno de Dina Boluarte respondió con firmeza. “El Estado rechaza enérgicamente estas disposiciones”, sostiene el Ministerio. Y no lo dice al aire. Lo fundamenta.
Para el Minjus, la Corte estaría excediendo sus atribuciones, vulnerando principios básicos del derecho internacional como la subsidiariedad y el respeto a la soberanía nacional.
Comunicado de Minjus.
Es decir, la Corte estaría asumiendo un rol que no le corresponde: decidir antes que el Estado mismo.
El Ejecutivo advierte que esta intervención no solo es improcedente, sino peligrosa.
A su juicio, debilita el propio Sistema Interamericano al restarle legitimidad y abrir la puerta a decisiones que desconocen procesos internos.
Aun así, el Estado peruano no se marginará del proceso.
Confirmó su participación en la audiencia pública del próximo 21 de agosto, donde sus representantes acreditados defenderán la postura del país con base jurídica y argumentos fácticos.
No será un diálogo cualquiera.
Será un careo frontal entre la Corte IDH y el Estado peruano en uno de los temas más sensibles de los últimos años.
Y el mensaje ya está dado: la soberanía no se negocia.
Una ley, dos heridas: Barrios Altos y La Cantuta vuelven al centro del debate
Los casos de Barrios Altos y La Cantuta siguen siendo dos de las violaciones más graves a los derechos humanos ocurridas durante el régimen de Alberto Fujimori. En ambos, miembros del Grupo Colina —un escuadrón de la muerte vinculado al Estado— asesinaron a civiles bajo el pretexto de combatir al terrorismo.
Estos crimenes fueron juzgados y condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que estableció responsabilidad del Estado y exigió justicia para las víctimas. Así lo ha documentado Perú21 a lo largo de los años.
La indignación pública volvió a crecer en 2017, cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó el indulto a Fujimori. Para los familiares, fue un acto político disfrazado de humanitario, que vulneró su derecho a la justicia.
Hoy, tras la muerte de Fujimori, es decir, fuera del escenario, una nueva alarma se enciende: la reciente aprobación de una ley de amnistía que podría beneficiar a militares, policías y miembros de comités de autodefensa involucrados en casos similares. La medida ha generado seria preocupación entre organismos de derechos humanos.
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