La Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que emita su informe final sobre dos denuncias constitucionales formuladas en contra del expresidente Pedro Castillo Terrones.
Vale mencionar que, los autores de las denuncias son los parlamentarios Juan Burgos Oliveros (Podemos Perú) y Edward Málaga – Trillo (no agrupado), quienes acusan al exmandatario de infringir una serie de artículos de la Carta Magna durante su administración.
En audiencia desarrollada en el Hemiciclo, con 15 votos a favor, tres en contra y una abstención, la Comisión Permanente otorgó el plazo de 15 días a la SAC para que presente su informe final sobre la acusación presentada por el legislador de Podemos Perú.
El texto menciona que el exjefe de Estado habría ido en contra de los incisos 2 y 16 del artículo 2, artículo 70 y los incisos 1 y 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, por la emisión de la Decreto Supremo 009-2022-MINEDU, de fecha 8 de julio de 2022, el cual modifica la composición del directorio de la Derrama Magisterial.
La segunda denuncia aprobada con 17 votos a favor, ocho en contra y una abstención, presentada por el congresista Edward Málaga, sindica al expresidente de infringir los artículos 38, 39, 43, 110 y 118 (incisos 1 y 4) de la Constitución, por haber utilizado un avión de la Fuerza Aérea del Perú para trasladar a sus familiares de Lima a Chiclayo, el pasado 23 de junio de 2022.
En cumplimiento del inciso c) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, la Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles a la SAC para que emita su informe final, el cual estará a cargo de un congresista delegado, quien se encargará de recibir los descargos de parte y parte.
Si el texto se aprueba se aprueba en la Comisión Permanente, el informe pasa a ser sustentado y debatido por el Pleno del Congreso. En ese sentido, las denuncias constitucionales serán aprobadas con un mínimo de 66 votos.
De lograr dicho cometido, la acusación será derivada al Ministerio Público para que proceda conforme a sus facultades conforme a ley. Las denuncias también solicitan la inhabilitación de la función pública del exmandatario.
