El Gobierno peruano firmó el Tratado de Biodiversidad Marina en Aguas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ).
La decisión generó rechazo entre gremios empresariales que alertan sobre posibles efectos negativos en la pesca y la soberanía. A través de un comunicado conjunto, ComexPerú, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) manifestaron su desacuerdo con esta decisión, alegando que podría tener consecuencias negativas para la soberanía naciona y la economía pesquera.
Según el pronunciamiento, el tratado —firmado en Niza, Francia— limita la capacidad del Perú para gestionar sus recursos marinos de forma autónoma.
Los gremios sostienen que este acuerdo internacional podría debilitar el papel de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), en las que Perú participa activamente. Estas organizaciones, aseguran, han demostrado ser mecanismos eficaces para la conservación y uso responsable de los recursos marinos, apoyandose en estudios científicos y en la cooperación regional.
Asimismo, los gremios expresaron su preocupación por lo que consideran una imposición de nuevas restricciones que pondrían en riesgo a sectores productivos clave, como la pesca industrial y artesanal.
Advierten que el BBNJ podría frenar inversiones, afectar empleos formales y comprometer la seguridad alimentaria de millones de peruanos, especialmente en zonas costeras donde esta actividad económica es vital.
Lee también:
Senamhi advirtió que temperatura bajará en la selva
Uno de los principales cuestionamientos apunta al proceso mediante el cual se tomó la decisión de firmar el tratado.
Las organizaciones empresariales lamentan que no se haya convocado a los sectores técnicos involucrados —como los ministerios del Ambiente y de la Producción, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), o los propios gremios— para discutir el tema de forma participativa. A su juicio, esta falta de diálogo impide que se evalúe el impacto real del acuerdo en función de los intereses nacionales.
Los gremios piden que el Ejecutivo reevalúe su decisión.
Además, solicitan abrir un diálogo que incluya a todos los actores del sector pesquero. Consideran necesario debatir antes de ratificar acuerdos que podrían afectar el desarrollo sostenible del país.