Sicario solicita redencion de pena por trabajo y estudio, pero INPE y PJ aun evaluan el caso
Alexander Pérez Gutiérrez, conocido como ‘Gringasho’, ha solicitado al Poder Judicial acceder a un beneficios penitenciario que le permitiría salir de prisión antes del año 2028, pese a la sentencia que cumple por tenencia ilegal de armas de guerra. El sicario, considerado uno de los más temidos del país, permanece en el penal de Challapalca, en Tacna, bajo régimen cerrado especial.
La defensa legal del interno presentó la solicitud en 2025, amparándose en la figura de redención de pena por trabajo y estudio, un mecanismo que permite descontar un día de condena por cada siete días de actividad educativa o laboral comprobada. No obstante, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Poder Judicial aun evalúan el caso, debido a la rigurosidad del régimen en el que se encuentra y a la naturaleza de su historial delictivo.
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El pedido ha generado preocupación en distintos sectores, ya que no sería la primera vez que un interno de alta peligrosidad accede a este tipo de beneficios. Recientemente, Jhon Smith Cruz Arce, alias ‘Jhon Pulpo’, fue liberado tras cumplir parte de su condena por doble homicidio, luego de que se aceptaran como válidas sus actividades en prisión, dentro del marco de un habeas corpus.
‘Gringasho’ adquirió notoriedad nacional a muy temprana edad. A los 12 años integraba la banda criminal “Los Malditos de Río Seco”, en Trujillo, y fue vinculado a varios asesinatos. En 2010 fue detenido por el crimen de una mujer embarazada, pero fue liberado por falta de pruebas. Un año después, fue sentenciado como menor infractor por el asesinato de tres personas.
Durante su tiempo en centros juveniles, protagonizó dos fugas —una en Trujillo y otra en Lima— y, tras cumplir su condena, fue liberado en 2017. Menos de un año después fue recapturado en La Libertad, portando armamento de uso militar. En 2018 fue sentenciado a diez años de prisión por tenencia ilegal de armas, condena que actualmente cumple en Challapalca.
Según estimaciones difundidas por el programa Ocurre Ahora, el interno tendría que acreditar más de 21 años de actividades válidas dentro del penal para redimir los tres años restantes de su condena, lo que hace poco probable que su solicitud prospere. Además, informes anteriores han advertido sobre la existencia de documentos falsos y posibles irregularidades en la aplicación de este tipo de beneficios, lo que ha generado sospechas sobre un sistema vulnerable a la corrupcion.