Las firmas corrieron rápido en el Congreso, más rápido que el premier para asegurar, el pasado miércoles 30 de abril, que el Gobierno no tenía información confirmada del secuestro de 13 mineros en Pataz.
Su imperdonable desconocimiento de una situación de extrema criminalidad que derivó en el asesinato de los secuestrados que él ignoraba en su momento y conocido el último domingo, parece haber acelerado la posición de muchos legisladores sobre su permanencia al frente del gabinete.
Gustavo Adrianzén tiene motivos para preocuparse. Dos mociones de censura de distintas bancadas, una multipartidaria impulsada por el no agrupado Edward Málaga, con 35 firmas, y la otra de Podemos Perú, con 33, fueron presentadas ayer en el Parlamento. En los documentos se alega “su incapacidad frente a la ola de inseguridad ciudadana que viene enfrentando el país, así como por su falta de liderazgo, gestión y articulación de los ministerios a su cargo”.
Juan Carlos Castro negó que Dina Boluarte haya abandonado el cargo durante las cirugías a las que se sometió.
Una tercera moción impulsada por Renovación Popular, y que podría contar con la adhesión de representantes de Avanza País, según adelantó Esdras Medina, ya había asegurado hasta anoche 24 firmas. Una cuarta ha sido impulsada por el grupo parlamentario de Acción Popular.
Ni una rúbrica de algún congresista de Fuerza Popular (FP) y Alianza para el Progreso (APP) acompaña estas solicitudes, lo que deja en claro la posición de quienes hoy son los aliados del Ejecutivo.
Sin embargo, Martha Moyano (FP) señaló que su bancada aún no se reúne para tomar una posición sobre el tema, aunque dejó esta frase ante las preguntas de la prensa: “El premier tiene que asumir sus responsabilidades”.
Por ahora, nueve de las 13 bancadas parlamentarias han mostrado su apoyo a una o todas las mociones presentadas en los últimos días.
El congresista de Podemos Perú Carlos Zeballos reconoce que varios legisladores han firmado dos o tres mociones, pero confía que alcanzarán los 66 votos mínimos requeridos en el Pleno para censurar a Adrianzén, lo que obligará a renunciar al premier, tras 14 meses en el cargo, y también a todos los ministros de su gabinete.
Las dos mociones que ya alcanzaron las firmas requeridas podrían ser debatidas en el pleno de la próxima semana.
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