Las contrataciones vinculadas al caso Andrea Vidal habrían sido direccionadas a dedo, priorizando la apariencia por sobre los méritos. La jugada fue clara: elegir la belleza por encima de la capacidad intelectual y la experiencia laboral.
Han pasado más de tres meses desde el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso, y ni la Fiscalía ni la Policia saben la identidad de los sicarios que la balearon.
¿El motivo? Ni la abogada asesinada en diciembre pasado, ni sus amigas Isabel Cajo y Alexandra Gil, cumplían con los requisitos mínimos para asumir los cargos asignados ni para recibir los elevados sueldos de la llamada planilla dorada del Congreso.
La página 44 del informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso, al que accedió Perú21 y que se someterá a votación este miércoles, sostiene que la incorporación de Andrea Vidal se dio por su cercanía con el entonces jefe de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Parlamento, Jorge Torres Saravia. Con solo dos años de egresada, Vidal ingresó como abogada al Legislativo con un generoso sueldo de S/7 mil.
“La cercanía y confianza de Andrea Vidal Gómez, (La China), con el jefe de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Parlamento, Jorge Torres Saravia, conocido como ‘Koki’, generaron que a partir del mes de octubre del 2023, fuera contratada, a pesar de solo dos años de graduada”, revela el documento.
“Según el Sr. Torres Saravia, reunía los requisitos mínimos del perfil, por lo que ingresó a laborar como abogado en la mencionada área, ganando la suma de S/. 7,000.00 soles. Aparentemente su contratación fue favorecida por su apariencia física. Resulta que Torres Saravia, como jefe de la Oficina Legal y Constitucional, es quien habría requerido la contratación de mayor número de personal femenino para dicha área, y que por propia declaración sostuvo que eran más de 15”, añade el informe.
LA JUGADA: “BELLEZA” EN VEZ DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA
El mismo patrón de direccionamiento por “apariencia física” se habría repetido, según el documento, en los casos de las amigas de Andrea Vidal: Isabel Cajo y Alexandra Gil.
Según el informe de la Comisión de Fiscalización, Jorge Luis Torres Saravia promovió la incorporación de Isabel Cajo, quien solo contaba con estudios básicos o técnicos y había iniciado la carrera de Derecho. Por ello, fue ubicada inicialmente como técnica en el Área de Administración de Bienes, el 5 de abril de 2022.
Sin embargo, debido a una sospechosa adenda —indica el documento— fue reubicada en la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional, bajo la dirección de Torres Saravia. Para formalizar el cambio, la Presidencia del Congreso dispuso que la Oficialía Mayor emitiera el proveído contenido en el RU 1528031, trasladando a Cajo Salvador del Área de Administración de Bienes al despacho legal.
“En su contratación habría primado su belleza física y tal vez su actividad en la página de ‘Only Fans’”, precisa la investigación.
En el caso de Alejandra Gil Rodríguez, el informe señala que, pese a tener solo el grado de bachiller en Derecho según la Sunedu, fue contratada para la misma oficina, aparentemente por cumplir con los requisitos mínimos del perfil, “a pesar de carecer de la experiencia requerida para el perfil del puesto de profesional requería para ser contratada. Su vínculo laboral se mantuvo hasta julio del 2024”.
“Al igual que con Isabel Cajo Salvador en su contratación habría primado su belleza física”, sostiene el expediente.
La comisión advierte un patrón recurrente en estas contrataciones, donde primó la apariencia física por encima de la formación académica y la experiencia profesional.
FACTOR ONLYFANS
“Podemos colegir de las declaraciones efectuadas por los entrevistados por la Comisión, que la jefatura de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional y la Alta Dirección del Congreso de la República, compuesta por la Presidencia del Congreso de la República, Oficialía Mayor y altos funcionarios administrativos, se habrían aprovechado de la ‘liberalidad’ de las condiciones de contratación para proponer la contratación de personal femenino con la particularidad de que se valoraba especialmente la buena presencia física (Bonitas), sin tener en cuenta la experiencia o los conocimientos previos”, señala.
El informe hace especial énfasis en el caso de Isabel Cajo Salvador, quien participaba en la plataforma OnlyFans, donde —según el documento— publicaba fotos y videos “de connotación sensual e incluso con posible contenido sexual”.
“Es posible que Jorge Torres Saravia haya conocido a Isabel Cajo Salvador a través de esta plataforma o bien por medio de Andrea Vidal Gómez o Alexandra Gil Rodríguez, cuya amistad con Cajo podría haber facilitado su ingreso al Congreso”, indica el texto.
En otro apartado, se sostiene que Andrea Vidal habría presentado a Isabel Cajo y Alexandra Gil a Torres Saravia, quien, a su vez, habría promovido sus contrataciones ante el entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto.
“Es de presumir que, a través de dicha plataforma fue la manera como Jorge Torres Saravia, habría tomado contacto o conocido a Isabel Cajo Salvador o en su defecto por medio de Andrea Vidal Gómez, o Alexandra Gil Rodríguez, cuya amistad es evidente y por lo cual se podría colegir que, Isabel Cajo Salvador y Alexandra Gil Rodríguez, habrían sido presentadas por Andrea Jazmín Vidal Gómez a Jorge Torres Saravia, para viabilizar su ingreso a la institución, quien abusando de la ‘liberalidad’ de contratación existente en el Parlamento, las propuso de manera sigilosa o subrepticia ante Presidencia del Congreso, dado la cercanía política existente entre él y Alejandro Soto, pues forman parte del mismo partido Alianza para el Progreso”.
CONEXIÓN APEPISTA
El informe también apunta que, aunque Torres Saravia no figura como militante de Alianza para el Progreso (APP), mantiene una cercanía con la organización liderada por César Acuña.
“El señor Torres Saravia habría participado activa y públicamente en actividades de dicho partido, además de ser cercano a Luis Valdez; siendo que Isabel Cajo Salvador habría ingresado en un inicio al Área de Administración de Bienes, en una plaza de técnico para luego pasar al destino final en la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional, por lo cual se suscribió la sospechosa adenda elaborada a razón del requerimiento del jefe de la oficina aludida Jorge Torres Saravia, y que la Presidencia del Congreso dispuso de manera expresa a Oficialía Mayor, quien emitió el proveído contenido en el RU 1528031, reubicando a la señorita Isabel Cajo Salvador del Área de Administración de Bienes hacia la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional”, señala el texto.
Respecto a Alexandra Gil Rodríguez, el informe recuerda que ella declaró en el programa de Milagros Leiva ser amiga de Andrea Vidal Gómez. Gracias a la gestión de Torres Saravia, y pese a su escasa experiencia, fue contratada como abogada en la mencionada oficina, al cumplir con los requisitos mínimos del perfil.
Informe final del caso Andrea Vidal – Comisión de Fiscalización del Congreso.
JEFATURAS LIGADAS A APP y 700 CONTRATACIONES
Prosiguiendo con el análisis del informe, estos son los funcionarios del Congreso que tendrían vínculos directos con el partido Alianza para el Progreso (APP) y por cuyas manos habrían pasado los contratos de las tres jóvenes involucradas en el caso.
Este medio en enero publicó una nota referida a este tema.
PAPELITO MANDA. Las firmas de los exjefes de Recursos Humanos del Congreso, Haidy Figueroa, militante de Alianza Para el Progreso (APP), y Carlos Pais, vinculado a Richard Acuña, aparecen en los primeros contratos de la asesinada abogada Andrea Vidal así como de Isabel Cajo y Alexandra Gil.
Gestión de Alejandro Soto como presidente del Congreso:
Durante el mandato de Soto, se identificó a nueve jefes de área con vínculos con el partido de César Acuña.
-Marisol Espinoza Cruz: excongresista y representante legal de APP, fue designada como directora general de Administración del Congreso.
-Yolanda Ríos Mendoza: gerente general y tesorera de APP entre 2018 y 2021, asumió la jefatura del Área de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
-Jorge Cruzalegui Guadiamos: exasesor de la congresista María Acuña Peralta y exfuncionario del Gobierno Regional de Lambayeque en tiempos de Humberto Acuña, fue nombrado jefe del Área de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
-William Alcántara Infantes: antes jefe de la Oficina de Grados y Títulos en la Universidad César Vallejo (UCV), fue incorporado al Departamento de Servicios Generales del Congreso.
-Jorge Luis Torres Saravia: exjefe de Ejecución Coactiva del Gobierno Regional de La Libertad durante la gestión de Luis Valdez, asumió como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento.
-René Marlene Aguilar Borda: miembro de la Comisión de Licenciamiento de la UCV y exdirectora de Logística (2016–2019), fue designada jefa del Departamento de Servicios Generales del Congreso.
-Carlos Luis País Vera: vinculado a la empresa Negociaciones Rafaela, relacionada con la familia Acuña, fue nombrado jefe del Departamento de Recursos Humanos.
-Marion Arlene Figueroa Wan: abogada y docente de la Universidad Señor de Sipán, fundada por César Acuña, fue designada como jefa del Área de Desarrollo y Bienestar del Personal.
-Alfredo Alfonso Flores López: retomó la jefatura de la Oficina de Prevención y Seguridad, cargo que ya había ocupado durante la breve presidencia de Lady Camones.
Gestión de Eduardo Salhuana:
-Marisol Espinoza Cruz: también fue asesora cercana en esta administración, actuando como nexo entre el presidente del Congreso y la dirigencia de APP.
-Alejandra Aramayo: excongresista de Fuerza Popular y afiliada a APP, fue nombrada jefa de Comunicaciones e Imagen Institucional, convirtiéndose en una figura clave dentro del equipo de confianza de Salhuana.
“Estas designaciones han generado cuestionamientos respecto a la influencia de APP, en la estructura administrativa del Congreso y la posible politización de cargos que deberían ser técnicos”, explica el documento.
Además, el informe hace una seria revelación sobre el impacto de esa influencia política: la presencia de funcionarios cercanos a APP habría permitido la contratación de alrededor de 700 trabajadores, sin diferenciar entre hombres y mujeres.
“La presencia de funcionarios con vínculos directos con dicho partido en posiciones clave del Parlamento habría facilitado el incremento del número de trabajadores en un poco más de 700 personas, según las declaraciones de la Sra. Haydi Janette Figueroa Valdez, Jefa del Área de Recursos Humanos y el Oficial Mayor Sr. Giovanni Forno, ante esta Comisión”, documenta el expediente.
Un hecho adicional que recoge el informe es la controversia por el nombramiento de Jacqueline Yessenia Lozano Millones —identificada en medios como la ‘hija política’ de César Acuña— como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso.
“Cargo al que habría accedido bajo presuntas irregularidades similares a las ya identificadas en el proceso de indagación.”
Por estos hallazgos, la Comisión de Fiscalización notificó a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público:
“El comportamiento de los funcionarios del Congreso respecto a las contrataciones de personal durante la gestión de las últimas mesas directivas, a fin de establecer si ha existido injerencia política en dicho proceso o responsabilidad administrativa o penal por inobservancia de las normas pertinentes”, concluye el informe de la Comisión de Fiscalización.
NO HAY PRUEBAS DE PROXENETISMO
En la página 65 del informe final, las conclusiones establecen que, si bien no existen pruebas de que el caso Andrea Vidal esté relacionado con proxenetismo, “se ha evidenciado un festín en las contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial el femenino, lo cual podría haberse materializado dentro de un contexto sensual y sexista, incurriendo en el tipo penal contemplado en el artículo 381 del Código Penal”.
Más adelante, el documento precisa: “En consecuencia, y en resguardo del debido proceso y la presunción de inocencia, esta Comisión, de lo indagado a la fecha, concluye que no existen elementos fácticos ni jurídicos que acrediten actos de proxenetismo o favorecimiento a la prostitución. Sin embargo, el Ministerio Público, investido de sus facultades coercitivas para investigar, podría investigar a fondo estos hechos, solicitando el levantamiento del secreto bancario, del secreto telefónico y otras pruebas, a las que no puede acceder la Comisión de Fiscalización, debido a la falta de facultades de investigación, existiendo la probabilidad de probar estos hechos incriminatorios”.
Página 45 del informe oficial que detalla las conclusiones del caso Andrea Vidal.
En su parte final, las conclusiones reiteran: “De lo indagado a la fecha, no se ha evidenciado la existencia de una ‘Red de prostitución en el Congreso’, sin embargo, se ha evidenciado un festín en las contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial el femenino, lo cual podría haberse materializado dentro de un contexto sensual y sexista, incurriendo en el tipo penal contemplado en el artículo 381 del Código Penal”.
Perú21 dio cuenta de los viajes VIP al extranjero con permisos irregulares dados a Andrea Vidal e Isabel Cajo.
Perú21 desvela cómo APP otorgó autorizaciones firmadas por Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, para viajes internacionales de Andrea Vidal e Isabel Cajo, con fechas que revelan una gestión fuera de control.
LA VOTACIÓN ES ESTE MIÉRCOLES
El informe final del caso Andrea Vidal será sometido a votación este miércoles en la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el parlamentario Juan Burgos.
CASO ANDREA VIDAL
Como reveló Perú21 y su Unidad de Investigación, según los avances del caso en la Fiscalía, la abogada Andrea Vidal fue asesinada de siete disparos el pasado 10 de diciembre. Además, una persona declaró ante el Ministerio Público haber contratado sus servicios sexuales fuera del Congreso, es decir, en un punto externo al recinto parlamentario.
Han pasado más de tres meses desde el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso, y ni la Fiscalía ni la Policía saben la identidad de los sicarios que la balearon.
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