El proyecto de ley de fraccionamiento pesquero, actualmente en discusión en comisión mixta en el Congreso, ha generado una legítima preocupación en el sector pesquero industrial, tanto por sus eventuales efectos patrimoniales como por el riesgo de socavar uno de los pilares más relevantes del aparato productivo nacional. La conformación de la comisión augura un debate marcado por la división entre el bloque oficialista y el opositor, donde las posiciones apuntan, por el lado del primero, a la supuesta ilegitimidad de la norma vigente y, del segundo, al cambio de reglas.
Es legítimo que el Estado busque fortalecer al sector artesanal, pero no puede hacerlo a costa de debilitar al industrial sin medir consecuencias estructurales.
Por lo pronto, las empresas del sector ya han comenzado a dar señales de los conflictos que se avecinan de prosperar la iniciativa. El abogado de la pesquera Camanchaca, Jorge Bofill, adelantó a DF que la compañía evaluará iniciar acciones legales para exigir una compensación por perjuicios económicos. Solo en este caso las Licencias Transables de Pesca (LTP) tienen un valor de US$ 38 millones, a los que se suman más de US$ 56 millones provenientes de la actividad extractiva, montos que, según la firma, quedarán en entredicho si el proyecto avanza. A nivel agregado, un estudio del exsubsecretario de Pesca Andrés Couve proyecta una pérdida patrimonial de US$ 410 millones para el sector industrial entre 2025 y 2032, equivalente a 22,5% del valor actual de las LTP. La mayor parte se explicaría por la reducción en la cuota de pesca industrial del jurel, que caería desde 90% a 70%, según lo propuesto por el Ejecutivo.
Más allá del debate sobre equidad entre sectores, esta modificación implica una alteración sustantiva en las condiciones con que se otorgaron las licencias originalmente, y que configuran un derecho económico consolidado. En términos jurídicos y económicos, no es exagerado calificar este escenario como una forma encubierta de expropiación sin indemnización.
El impacto no es meramente contable. El sector pesquero genera más de 36 mil empleos directos y 80 mil indirectos, sostiene cadenas productivas en múltiples regiones del país y opera bajo esquemas de inversión de largo plazo, con horizontes de retorno de, al menos 30 años. Las señales regulatorias que introduzcan incertidumbre o alteren reglas esenciales atentan contra nuevas inversiones, deterioran el valor de empresas consolidadas y reducen la competitividad de Chile en un contexto de comercio global tensionado y con crecientes desafíos logísticos.
Es legítimo que el Estado busque fortalecer al sector artesanal, pero no puede hacerlo a costa de debilitar al industrial sin medir consecuencias estructurales. Una reforma desequilibrada no sólo compromete activos privados: erosiona el empleo formal, las exportaciones y la generación de valor agregado en el sector alimentario, precisamente uno de los pocos con ventajas comparativas claras. Aún hay margen para corregir el rumbo. La política pública debe mirar el largo plazo y no dejarse arrastrar por visiones de corto alcance.