La evidencia es contundente: nuestro país posee una cartera de proyectos de inversión extraordinaria, especialmente en sectores estratégicos -como minería, energía e infraestructura- que podrían impulsar significativamente nuestro crecimiento económico. Un crecimiento necesario y largamente postergado, que debería volver al centro de nuestra agenda de desarrollo.
Una muestra de ello es la cartera de proyectos de inversión extranjera apoyados por Invest Chile durante 2024, la que alcanzó US$ 56.234 millones: la cifra más alta registrada en la historia de la agencia, que representa un alza de 68% respecto de 2023. Se trata de 474 proyectos de compañías extranjeras, en distintas etapas de desarrollo, que crearían más de 21 mil empleos directos.
Si miramos la cartera de inversión minera en Chile para 2024-2033, ésta llega a US$ 83.181 millones; con 51 proyectos entre cobre, oro, hierro, litio y otros minerales industriales, de acuerdo con datos de Cochilco.
Sin embargo, al mismo tiempo, las señales son preocupantes. El deterioro institucional de Chile es evidente. Desde 2015, nuestro país ha caído en 4,3% en el índice de adherencia al Estado de Derecho (WJP Rule of Law) y retrocedimos 27 puestos en el ranking de Libertad Económica entre 2017 y 2022.
Por su parte, los costos en permisología han crecido, mientras que los tiempos de tramitación de permisos ambientales han aumentado un 70%. Al cierre del primer trimestre, los proyectos que permanecen en “estado de calificación” en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), suman un nivel récord de casi US $100 mil millones, según la Cámara Chilena de la Construcción.
Los ejemplos de oportunidades perdidas son alarmantes. A la central de bombeo de Paposo que suspendió Colbún el año pasado y que significaba una inversión de US$ 1.400 millones; se suman las grandes forestales, como CMPC y Arauco, que optaron por Brasil, donde los gobiernos estatales compiten activamente por atraer inversiones, ofreciendo condiciones favorables que hoy escasean en Chile.
Porque mientras aquí se debate, sin muchos avances, la Ley de Permisología en el Congreso, nuestros vecinos están aprovechando la oportunidad: Argentina ha implementado leyes proinversión con beneficios tributarios, y en Brasil compiten activamente los estados para atraer proyectos.
Cuando los proyectos de inversión se diseñan e implementan correctamente, éstos generan empleos de calidad y formales, también demandan servicios, atraen innovación y tecnología más productiva y aportan a las comunidades. El beneficio es para todo el país: cuando la inversión fluye, se genera un círculo virtuoso de desarrollo que alcanza a todos los sectores de la sociedad.
Para hacerlo bien se necesita consensuar una agenda público-privada que permita que estos proyectos se aprueben y generen valor duradero. No se trata solo de destrabar trámites, sino de construir condiciones habilitantes que alineen al sector público y privado en un mismo propósito: hacer de esta cartera de proyectos el motor de una economía más dinámica, sostenible y equitativa.
Chile es un país resiliente y con una probada capacidad de creación de valor. Tras años de bajo crecimiento, el momento de actuar es ahora. Los proyectos de inversión que hoy tenemos en carpeta pueden permitirnos retomar la senda de crecimiento y desarrollo. Es una oportunidad que no podemos dejar escapar.