La Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Abancay ha iniciado una investigación preliminar contra Edison Vargas Huamanga, presidente de la comunidad de Fuerabamba, por presunto lavado de activos y fraude.
La investigación se abrió el 9 de abril a raíz de un requerimiento de la División de Investigación de Lavado de Activos (DIVILA-DC) de la Policía Nacional, que citó un informe periodístico de Perú21 publicado a principios de marzo de este año. Para comenzar las pesquisas, la Fiscalía también considera incluir a su padre, Erasmo Vargas Huamaní, y a su esposa Adelma Paniura Vargas, a quienes se refieren como sus ‘testaferros’.
Después de recibir 19.8 millones de dólares como compensación de Las Bambas, Edison Vargas Huamanga compró al contado una casa por 210 mil dólares, además de 4 vehículos pagados en efectivo, valorados en casi 200 mil dólares.
La denuncia se centra en el manejo de los 19.8 millones de dólares que la minera Las Bambas entregó a Vargas como pago de compensación para la comunidad de Fuerabamba. Este pago formó parte de un acuerdo mayor de 31.8 millones de dólares finalizado en 2023, que resolvió un conflicto de tierras que se remonta a 2011. La gran pregunta es: ¿Qué hizo Edison Vargas con el dinero recibido en representación de la comunidad?
Según un informe policial, tras recibir los fondos de compensación de 19.8 millones de dólares en tres cuotas entre abril y mayo de 2024, Vargas Huamanga presuntamente retrasó la distribución a más de 600 comuneros. Algunos afirman no haber recibido su parte por meses, mientras que otros aún no han recibido el dinero hasta la fecha.
Las transacciones muestran que la empresa cumplió con el pago del acuerdo a los comuneros, pero varios aseguran que Vargas demoró en comenzar a repartirlo. Además, Vargas realizó compras personales importantes poco después de recibir los fondos, incluyendo una casa en Cusco por 210,000 dólares en efectivo y cuatro vehículos valorados en casi 200,000 dólares, también presuntamente pagados en efectivo y registrados a su nombre o al de su empresa, Inversiones Reedy.
La investigación busca determinar si Vargas Huamanga utilizó su cargo y los fondos de la comunidad para enriquecerse ilícitamente y trató de legitimar estos bienes a través de compras y su empresa Inversiones Generales Reedy SRL, configurando el delito de lavado de activos.
Integrantes de los 13 caseríos de la comunidad de Fuerabamba han solicitado a través de una carta que Vargas convoque a una asamblea general extraordinaria para rendir cuentas sobre el reparto de la compensación de las 180 hectáreas. A pesar de que la propuesta estaba programada para el lunes 28 de abril, hasta la fecha Vargas ha ignorado la solicitud.
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