Investigan a policías de Junín por cobros indebidos para evitar turnos en comisaría

Un nuevo escándalo golpea a la Policía Nacional del Perú en Junín, esta vez en la Comisaría PNP, ubicada en la provincia de Concepción. La unidad policial es investigada por presuntos cobros ilegales entre efectivos para exonerarse de turnos. La denuncia ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía. Según las primeras indagaciones, algunos agentes habrían organizado un esquema de pagos diarios de 40 soles, coordinados por WhatsApp y cobrados a través de transferencias por Yape.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, los señalados exigían estas sumas bajo la excusa de una “cuota” o “diezmo” para liberar del servicio a sus subalternos, especialmente durante los permisos o vacaciones del comisario titular. El grupo de WhatsApp “Unión y lealtad” era el medio por el cual se gestionaban los cobros y se ejercía presión para que todos los policías cumplieran con el pago diario.

Los principales implicados en esta presunta práctica irregular serían el suboficial técnico de segunda Carlos Alberto Camarena Beltrán y el suboficial técnico de tercera John Walter Arauco Ames. Ambos habrían liderado dos grupos de personal, supervisando los aportes y manteniendo control sobre quienes pagaban para no presentarse a trabajar.

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El 9 de julio, la Fiscalía y la Policía Anticorrupción ejecutaron un operativo en la comisaría. Durante la diligencia se levantó el secreto de las comunicaciones y se incautaron los teléfonos de siete suboficiales. Los mensajes y comprobantes de pago serán revisados para determinar responsabilidades. Uno de los mensajes encontrados decía: “Grupo, buenos días. Por favor su diezmo. Me dieron tiempo para entregar todo para la lista de retreta”.

Además, se conoció que el comisario habría sugerido a su personal consultar con abogados antes de entregar sus celulares, lo que retrasó la intervención fiscal. El caso ha generado preocupación entre las autoridades y la poblacion, al tratarse de prácticas que socavan la integridad institucional de la PNP.

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