Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó darle un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que investigue y presente su informe final sobre la denuncia formulada por la Fiscalía de la Nación contra el expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola por su injerencia en la contratación de una de sus allegadas en una entidad pública.
Fiscalía de la Nación investiga de manera preliminar al acciopopulista por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
Fueron 24 votos los que respaldaron el informe de calificación aprobado previamente por la SAC contra el exprimer ministro por el presunto delito de colusión simple y agravada.
De acuerdo a la denuncia, formulada en setiembre del año pasado por el entonces fiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena, Otárola habría concertado ilícitamente con dos directivos de Devida para que Rosa Pierina Rivera Bermeo, persona de su entorno, sea favorecida irregularmente con dos órdenes de servicio en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
Según el programa periodístico Panorama, Rivera fue contratada para prestar servicios en la presidencia ejecutiva y en la gerencia general de Devida en el mismo periodo en que Otárola se desempeñó como jefe del gabinete ministerial.
El programa presentó incluso una foto de Otárola con Rivera en las instalaciones del Club Departamental Arequipa donde a ambos se les ve sonrientes y tomándose de la mano.
Foto: Panorama.
Con la decisión de la Comisión Permanente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales —que preside María Acuña— debe ahora nombrar a un congresista delegado que asumirá el caso y convocará a una audiencia al denunciado, el denunciante y testigos para que ofrezcan sus respectivas declaraciones.
El plazo para este trámite es de 15 días hábiles al cabo del cual debe presentarse un informe final que concluirá si hay o no lugar a la acusación del investigado; de ser aprobado pasará a la Comisión Permanente para su debate y aprobación y eventualmente se elevará al Pleno del Legislativo.
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