El jurista Iván Torres La Torre abordó la problemática del turismo y la inseguridad ciudadana en el Perú, con una mirada crítica, jurídica y estructural del problema, planteando propuestas para reposicionar al Perú como destino seguro para los turistas nacionales y extranjeros.
– ¿Qué tan importante es el turismo para la economía del Perú y de qué manera la inseguridad ciudadana se ha convertido en una amenaza directa para esta industria?
En primer lugar, el turismo, como manifestación cultural y motor de desarrollo nacional, encarna la síntesis de nuestras riquezas naturales, históricas y humanas.
Sin embargo, en la actualidad, esta expresión de identidad y proyección internacional enfrenta un embate severo: la inseguridad ciudadana. No se trata de una simple estadística o de un fenómeno aislado, sino de un mal estructural que compromete la viabilidad misma de un modelo de desarrollo que, por años, ha sido impulsado con esfuerzo tanto público como privado.
Es innegable que el turismo constituye no solo una fuente de divisas, sino una expresión concreta de identidad nacional en el concierto internacional. Es, en términos jurídicos y políticos, un factor estratégico del desarrollo económico y cultural. Pero esta industria se ve hoy herida por la criminalidad cotidiana, por la violencia de baja intensidad que, aunque muchas veces banalizada, mina silenciosamente la reputación del Estado peruano. La delincuencia, en su expresión más visible, desincentiva la visita; en su trasfondo, cuestiona la capacidad del Estado de garantizar derechos.
– ¿Cuáles son los delitos más comunes que sufren los turistas en el Perú y en qué zonas del país se registran con mayor frecuencia?
La fenomenología delictiva que afecta al visitante extranjero es variada, pero guarda una constante: la impunidad con la que operan los agentes del crimen. Robos al paso, estafas con taxis informales, cambio de divisas en establecimientos clandestinos, fraudes con paquetes turísticos y, en casos más alarmantes, secuestros exprés, constituyen los delitos más reportados. Lo paradójico es que estos hechos se concentran en zonas declaradas de alta seguridad y vigilancia: Miraflores, Barranco, el Centro Histórico de Lima, Cusco o Arequipa. Allí donde debería haber más protección, la audacia criminal desafía al propio orden institucional.
– ¿Cómo afecta la percepción de inseguridad a la experiencia del viajero y qué cambios de comportamiento están adoptando los turistas durante su visita?
Interesante pregunta, en la medida que el turista no solo busca una experiencia estética, sino que demanda un mínimo de seguridad jurídica y personal. La percepción de inseguridad altera su conducta: evita la interacción espontánea, restringe sus movimientos, encarece su viaje optando por servicios formales que, aunque más costosos, le brindan cierto resguardo. Y lo más lamentable: comparte su experiencia negativa a través de redes y portales, construyendo una imagen de país fallido. En turismo, la percepción es realidad. Y el miedo, aunque intangible, es un inhibidor más poderoso que cualquier alerta oficial.
– ¿Qué consecuencias económicas concretas está generando esta situación en términos de cancelaciones, caída de reservas, y afectación a la Marca Perú?
El impacto económico no es solo inmediato: es estructural. La inseguridad genera una sangría progresiva de visitantes y una caída en las reservas. Más grave aún: deteriora la Marca País, esa construcción simbólica que costó años consolidar. La disminución en la conectividad aérea, la desconfianza en el mercado de inversión turística y la baja en el flujo de turistas con alto poder adquisitivo son síntomas de una enfermedad más profunda: la erosión de la confianza en el Perú como destino seguro y competitivo.
– Usted menciona que la inseguridad funciona como un ‘impuesto oculto’ para el sector turismo. ¿Podría explicarlo con más detalle?
Llamar ‘impuesto’ a esta carga puede sonar provocador, pero lo es en sentido técnico: es un costo ineludible que debe ser asumido por quienes ofrecen servicios turísticos. Seguridad privada, videovigilancia, personal adicional, transporte seguro, pólizas especiales. Todo esto no está en la ecuación original del negocio turístico, pero se ha vuelto indispensable. Y como todo costo no trasladable en su integridad al cliente, reduce márgenes, desalienta la inversión y genera informalidad encubierta.
Aquí yace el núcleo del problema: la incapacidad estructural del Estado para cumplir con su función primaria de garante de derechos. El sistema penal, lejos de ser una maquinaria eficiente de prevención y sanción, se ha convertido en un laberinto procesal donde el delincuente se pasea con impunidad. Policía mal equipada, fiscalías saturadas, jueces sin herramienta ni legitimidad social. El resultado: desprotección institucionalizada. Y en este contexto, el turista es un blanco visible y vulnerable.
– ¿Qué rol juegan la informalidad, el desempleo juvenil y otros factores sociales en el crecimiento de la delincuencia que afecta al turismo?
La criminalidad no surge en el vacío. Se alimenta de contextos de exclusión, de informalidad estructural, de falta de oportunidades. El joven sin empleo, sin acceso a educación de calidad, y sin horizonte, encuentra en el delito una alternativa de subsistencia. Y el crimen organizado lo recluta, lo forma y lo explota. La inseguridad es el síntoma visible de una injusticia social persistente. Si no combatimos las causas estructurales, toda acción será reactiva y episódica.
– ¿Cómo debería reforzarse la protección al turista en el corto plazo? ¿Qué papel cumplen unidades como la DIVITUR, la tecnología y la capacitación policial?
Proteger al turista no es una concesión; es una obligación jurídica del Estado. La existencia de la DIVITUR es un avance, pero su presencia debe ser real y efectiva. Necesitamos policías especializados, con idiomas, entrenamiento en atención a víctimas y herramientas tecnológicas. Videovigilancia con inteligencia artificial, apps de emergencia, centros de monitoreo interconectados. Pero sobre todo: presencia disuasiva y respuesta rápida. El turista debe sentir que el Estado está presente, vigilante y eficaz.
– ¿Qué acciones concretas deberían emprenderse desde el Estado y el sector privado para recuperar la confianza del viajero y garantizar su seguridad?
Recuperar la confianza exige coherencia y persistencia. Desde el Estado, una estrategia nacional de seguridad turística, no sujeta a vaivenes políticos. Desde el sector privado, certificación de servicios, inversión en protocolos, y una cultura empresarial que priorice la seguridad del cliente. Pero, sobre todo, debe existir una mesa de concertación permanente donde el turismo deje de ser solo una fuente de ingresos y se convierta en una política de Estado con visión a largo plazo.
– Finalmente, ¿por qué considera que la lucha contra la inseguridad debe ser entendida como una inversión estratégica para el futuro del turismo peruano?
Efectivamente, el turismo no se construye solo con la oferta histórica en base a nuestra riqueza cultural de ruinas milenarias, paisajes majestuosos y una de las mejores ofertas gastronómicas del mundo. El turismo se construye con confianza. Y la confianza es fruto de un entorno seguro. Invertir en seguridad es invertir en reputación, en competitividad, en dignidad nacional. De esta forma, la inversión en seguridad no es un gasto, sino es un acto de soberanía y una inversión estratégica para mejorar la imagen de nuestro país y potenciar nuestra oferta jurídica. Un país que no puede proteger a sus visitantes difícilmente podrá proteger su futuro y corre el riesgo de perder una importante fuente de divisas que además impulsa la economía de manera directa e indirecta al activar diversos sectores de ofertas de bienes y servicios: el turismo impulsa la venta de servicios de hospedaje, tours y oferta de agencias de viajes, transportes; restaurantes y turismo gastronómico, impulsa las ventas de artesanías, alimentos y una serie de actividades económicas que dependen y favorecen el turismo. Allí radica la importancia de invertir en seguridad para impulsar nuestra economía.