Iván Torres La Torre, jurista y catedrático experto en derecho nacional e internacional, ofrece un análisis crítico sobre la profunda crisis que atraviesa el sector pesquero en el Perú y plantea alternativas para transformar la pesca en un verdadero motor de desarrollo sostenible y equitativo, rescatando su valor estratégico, ecológico y social.
– ¿Considera usted que la legislación peruana en materia de pesca responde adecuadamente a las necesidades del sector en cuanto a sostenibilidad, equidad y transparencia?
La Ley General de Pesca –vigente desde hace varias décadas y con sucesivas reformas parciales– responde a un paradigma extractivista, asociado a una economía que está orientada principalmente la exportación de materias primas, pero que no se orienta hacia la gestión integral del recurso. Por ejemplo, en el sector pesquería, el régimen de cuotas, si bien es útil como instrumento técnico, no ha sido acompañado por mecanismos de transparencia, control ni participación que aseguren la conservación real del recurso ni su aprovechamiento equitativo. De igual forma, el principio constitucional de sostenibilidad ambiental ha sido dejado de lado en el discurso operativo de la política pesquera. La ausencia de un enfoque ecosistémico y de gobernanza participativa ha convertido al mar peruano en un botín de la industria, más que en una herencia hidrobiológica de potencial para el desarrollo.
– En los últimos años se ha debatido mucho sobre la jurisdicción y soberanía en el mar peruano, especialmente en el marco de las 200 millas. ¿Cuál cree usted que debe ser el enfoque del Estado peruano respecto a esta soberanía y qué riesgos existen si no se defiende adecuadamente?
El mar peruano, definido históricamente como comprendido dentro de las 200 millas marinas desde nuestras costas, no solo es una zona económica exclusiva en términos del derecho internacional del mar, sino que representa un ámbito de soberanía y jurisdicción plena sobre los recursos naturales del mar de Grau.
Esta concepción histórica del mar peruano no puede ser relativizada por interpretaciones foráneas ni por conveniencias económicas transnacionales. La soberanía sobre las 200 millas no es solo un postulado jurídico; es una afirmación de dignidad nacional; es un eje de nuestra política de defensa, y un mandato para la gestión soberana, responsable y sostenible de los recursos hidrobiológicos. De su defensa jurídica y protección depende la adecuada gestión de políticas públicas en favor del sector pesquero con un enfoque de promoción a la industria bajo principios de equilibrio y sostenibilidad de nuestros recursos hidrobiológicos.
– Muchas veces se habla de las grandes cifras de exportación del sector pesquero, pero poco de los pescadores artesanales. ¿Cuál es la realidad que enfrentan estos trabajadores y qué papel deberían jugar en una política pesquera integral y equitativa?
Detrás de las cifras macroeconómicas, existe una realidad menos visible pero profundamente elocuente: miles de pescadores artesanales en condiciones de informalidad, precariedad y vulnerabilidad. Son ellos quienes capturan el pescado que alimenta a las familias peruanas, pero también quienes sufren los embates de vedas, cambios climáticos y competencia desleal.
El Estado debe comprometerse en diseñar una política diferenciada para la pesca artesanal, reconociendo sus aportes no solo económicos, sino también culturales y territoriales. La falta de infraestructura, financiamiento, seguridad social y acceso a mercados son factores a tener en cuenta para una adecuada política pesquera y, al mismo tiempo, se debe promover la pesca responsable y la mejora de las condiciones de la pesca artesanal, promoviendo el acceso a posibilidades de mejora para este importante sector.
– ¿Considera que el Perú ha logrado integrar adecuadamente criterios de sostenibilidad ambiental en el manejo de sus recursos pesqueros? ¿Qué rol debería cumplir el Estado en garantizar que la pesca sea compatible con la protección del ecosistema marino?
El cuidado ambiental y la promoción del desarrollo sostenible es esencial para la administración pública. Los recursos naturales son patrimonio de la Nación y su aprovechamiento debe realizarse en armonía con el interés público. La sostenibilidad, por tanto, no es un lujo ecológico, sino una obligación jurídica del Estado. Es imprescindible reformar el marco legal para garantizar que toda actividad pesquera –industrial, artesanal o acuícola– se someta a criterios de sostenibilidad y protección del ecosistema. En este orden de ideas, el Estado debe reforzar su rol rector, regulador y promotor para no abandonar el sector pesquero, atendiendo la necesidad de promover la pesca industrial y artesanal, acompañado de normas regulatorias que protejan el ecosistema y que apliquen sanciones ante infracciones pero que al mismo tiempo promuevan la autorregulación de las empresas industriales para que cumplan con las normas y leyes que regulan esta actividad.
– Desde su perspectiva, ¿cuáles serían los pilares de una reforma profunda del modelo pesquero peruano? ¿Es posible pensar en un acuerdo amplio que reúna al Estado, los pescadores, la industria y la sociedad civil para proteger el mar y sus recursos?
Se necesita una transformación estructural del sector pesquero. Esta transformación debe partir de una política, que articule Estado, pescadores, academia, sociedad civil y sector privado en torno a dos grandes ejes: sostenibilidad ecológica y soberanía efectiva. Es tiempo de apostar por la diversificación productiva, el consumo humano directo, la acuicultura responsable y la certificación ambiental con miras a la modernización del sector pesquero en armonía con las políticas medioambientales y de desarrollo sostenible.