José Miguel Castro le comunicó al fiscal José Domingo Pérez, en una reunión que se llevó a cabo la última semana de junio, que nuevamente no contaba con abogado. En esa cita, que tuvo lugar en las oficinas del Ministerio Público, se discutiría su colaboración eficaz, pero al no tener el fallecido exgerente municipal villaranista un defensor legal no podrían llegar a ningún acuerdo.
¿Qué va pasar ahora con el caso de Susana Villarán?, ¿José Miguel Castro era colaborador eficaz? Alvaro Reyes de la Unidad de Investigación nos da detalles de su declaración ante la Fiscalía.
En sus últimos días de vida, Castro solo podía recurrir a un defensor público para cerrar su colaboración con el Ministerio Público. La modificación hecha por el Congreso de la República al Código Procesal Penal, en marzo de 2024, así lo obligaba.
Hubo dos momentos en los que requirió acogerse a la colaboración eficaz: en 2019, antes de ir a prisión preventiva, y en 2020, cuando ya se encontraba en la cárcel. Ninguno de sus abogados logró concretar esa pretensión. ¿Quiénes fueron los defensores legales de Castro Gutiérrez?
Los abogados
El primer abogado del exhombre de confianza de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, fue José Orrego Sánchez. El vínculo entre ambos fue de 2017 a 2019.
El 14 de mayo de 2019, antes de iniciar la audiencia en la que se definiría su prisión preventiva y la de Villarán, José Miguel Castro le comunicó al juez Jorge Chávez Tamariz que Orrego había renunciado a patrocinarlo.
José Orrego.
Perú21 supo que antes de esa diligencia, Castro pidió al fiscal Carlos Puma, quien estaba a cargo de la investigación, negociar la colaboración eficaz.
El investigado respondió las preguntas de Puma durante horas, pero este le rechazó su solicitud porque consideró que el imputado no había contado toda la verdad.
Este diario se contactó con Orrego para conocer detalles de su renuncia, pero dijo que no daría declaraciones.
El siguiente abogado de Castro fue el mediático Benji Espinoza, quien tomó el caso cuando el exfuncionario municipal ya cumplía prisión preventiva.
En ese mismo mes de mayo, Espinoza salió a los medios a negar las imputaciones fiscales, que sindicaban a su cliente como el receptor de los millonarios aportes de campaña de las empresas Odebrecht y OAS para Villarán.
Benji Espinoza.
Ayer, el letrado contó en Canal N que nunca conversó con su entonces patrocinado la propuesta de acogerse a la colaboración eficaz. Aseguró que lo defendió por “medio año”.
“Nunca hablamos de la posibilidad de la colaboración eficaz, lo que él (José Miguel Castro) hacía cuando nos reuníamos era negar la imputación, refutarla y plantear una contradicción”, expresó Espinoza.
En 2020, el abogado Julio Arbizu asumió la defensa de Castro y logró que el juez Chávez Tamariz varíe la prisión por detención domiciliaria. En ese año inició un nuevo acercamiento, ya con el fiscal Pérez al mando de las pesquisas, para que el exservidor público se convierta en colaborador.
Perú21 se contactó con Arbizu para saber qué pasó con el proceso especial y por qué no se logró el cometido. No obstante, el letrado dijo que no haría comentarios al respecto.
Julio Arbizu.
El último abogado contratado por el fallecido procesado, que hasta ahora se conoce, fue Pedro Alvizuri Lévano. Alvizuri acompañó a este en las declaraciones que dio al equipo especial Lava Jato en 2022.
Bajo el patrocinio del letrado, José Miguel Castro reiteró que OAS y Odebrecht aportaron a las campañas contra la Revocatoria (2013) y la reelección (2014): la primera compañía donó US$4 millones y la segunda US$3 millones para cubrir los gastos de publicidad y otras actividades.
Este diario se comunicó con el abogado Alvizuri para saber si su entonces cliente buscó convertirse en colaborador eficaz, pero indicó que no hablaría sobre ello al tratarse de “una carpeta especial” que tiene información reservada.
Pedro Alvizuri.
Fuentes consultadas indicaron que el acuerdo de colaboración eficaz de Castro Gutiérrez no prosperó porque este era “muy errático”, no mantenía un solo discurso sobre los hechos de corrupción y incurría en contradicciones.
El exgerente municipal, que fue hallado muerto en su casa el pasado domingo 29 de junio, confirmó que coordinó con Odebrecht y OAS el aporte millonario para las campañas políticas de Susana Villarán.
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