Una nueva iniciativa del Congreso de la República ha encendido las alarmas en el ámbito financiero y académico del país. Se trata del proyecto de ley que propone permitir que excongresistas —en particular, expresidentes de las comisiones de Presupuesto o Economía— integre los directorios de las cajas municipales de ahorro y crédito.
Lo que a primera vista podría parecer una intencion de “fortalecer la gobernanza” de estas instituciones, en realidad representa una de las más graves amenazas a la institucionalidad y solvencia del sistema financiero descentralizado del Perú.
Juan José Marthans, exsuperintendente de Banca, Seguros y AFP, ha sido tajante: «No había visto propuestas de la magnitud e insensatez como esta». Y no es para menos. Según su análisis, esta iniciativa no solo rompe con todo principio básico de gobernanza financiera, sino que abre la puerta a una politización que podría destruir décadas de avances en inclusión financiera.
Hoy, las cajas municipales atienden a más de 8 millones de pequeños ahorristas, lo que representa más del 50% del total de depositantes formales del país.
CUOTAS DE PODER
La propuesta en cuestion sugiere integrar a exfuncionarios públicos —como expresidentes de comisiones parlamentarias— a los directorios de las cajas municipales. La razón de fondo parece responder más a cuotas de poder que a méritos técnicos.
«¿Cuándo se ha visto que una entidad financiera necesite de la presencia sombría, poco transparente, poco efectiva, poco eficiente, poco técnica del frente político?», se pregunta Marthans con justificada indignación. La respuesta es evidente: en ninguna parte del mundo democrático y moderno se permite que personas sin competencias técnicas dirijan instituciones financieras.
En el Perú, los requisitos para ser director de una entidad de intermediación financiera son claros: experiencia comprobada, conducta intachable, conocimiento técnico y solvencia moral. Pero con este proyecto, basta con haber sido congresista —sin importar su desempeño, formación ni reputación— para acceder a un cargo clave que define el destino de los ahorros de millones de peruanos.
DEBILITAMIENTO
Otro aspecto gravemente preocupante del proyecto es la reducción del mandato de los presidentes de los directorios de las cajas a un año, con una posible reelección por un año adicional. Esta temporalidad impide toda posibilidad de planificar y ejecutar estrategias de mediano y largo plazo.
“La dirección de una entidad microfinanciera no puede regirse por visiones de corto plazo”, alerta Marthans. “¿Cómo se hará seguimiento a un plan estratégico quinquenal si sus líderes cambian cada año?”. La rotación constante impide la consolidación de políticas, genera inestabilidad y desincentiva la inversión en proyectos de desarrollo institucional.
Esta combinación —presión política + inestabilidad directiva— constituye un cóctel mortal para la confianza de los usuarios y para la salud del sistema.
BOTÍN POLÍTICO
Uno de los puntos más inquietantes de la propuesta es su aparente motivación. Según Marthans, esto no es otra cosa que un intento deliberado de los actuales legisladores por asegurarse cuotas de poder y beneficios futuros una vez concluyan su mandato.
“Están preparando leyes para su beneficio personal esperado, más allá de este goberno. Eso es un insulto a todos los peruanos”, afirma. Y tiene razón: si se aprueba esta norma, los congresistas no solo legislarían para sí mismos, sino que comprometerían la integridad de instituciones que manejan miles de millones de soles en depósitos y colocaciones.
Marthans incluso plantea una hipótesis aún más grave: detrás de esta interferencia política podría esconderse una agenda orientada a desarticular el sistema microfinanciero formal para facilitar el crecimiento del crédito informal. “Este es el segundo capítulo del establecimiento de topes a las tasas de interés, que no hizo más que beneficiar al financiamiento informal. Ahora regresan con otro golpe: la interferencia en los directorios.”
AHORROS EN RIESGO
La presencia de actores políticos sin idoneidad técnica en los directorios no solo pone en riesgo la gestión estratégica. También abre la puerta a decisiones discrecionales y clientelistas que podrían derivar en casos de corrupción, malversación de fondos o colocaciones crediticias sin sustento.
“Podría ocurrir que el ‘amigo’ del director de la Caja Municipal X reciba un préstamo sin cumplir los requisitos suficientes para devolverlo. Los forados patrimoniales que podrían generarse serían inmensos”, advierte el exsuperintendente.
La historia financiera nacional y regional está llena de ejemplos de instituciones que quebraron por decisiones mal tomadas, por interferencia política o por favoritismos indebidos. El riesgo de repetir esos errores en las cajas municipales es demasiado alto como para ser ignorado.
AL ARCHIVO
Frente a este panorama, la única salida sensata es que el Congreso archive este proyecto sin más dilación. “Hay otras prioridades que atender en favor del país”, sentencia Marthans. Y no se equivoca. El Perú necesita fortalecer su institucionalidad, no socavarla. Necesita promover la formalización y el acceso al crédito responsable, no empujar a millones de peruanos al financiamiento “gota a gota” o al préstamo informal.
Si el Congreso insiste en esta iniciativa, se convertirá en cómplice directo del debilitamiento de un sistema que ha sido ejemplo regional. La ciudadanía, los entes supervisores, los expertos en finanzas y todos los actores responsables deben alzar la voz y frenar este atropello antes de que sea demasiado tarde.
Porque, como bien ha dicho Marthans, “la verdad es que los peruanos no deberíamos permitir que estos señores sigan ganando terreno para hacer del país un negocio. Ya basta.”