La jueza federal Maame Frimpong ordenó este viernes a la administración del presidente Donald Trump frenar las redadas migratorias indiscriminadas en el sur de California, tras considerar que estas practicas se basaban en perfil racial y violaban derechos constitucionales.
La magistrada también emitió una orden que obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a permitir el acceso irrestricto de abogados al centro de detención migratoria ubicado en el edificio B-18, en el centro de Los Ángeles.
La Corte Superior de Justicia de Ucayali ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Evaristo David Gonzales Abad, acusado de participar en el brutal asesinato de una productora de cacao.
La resolución judicial se da luego de que personas afectadas por estas redadas, junto a organizaciones defensoras de derechos humanos como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal), presentaran una demanda ante el tribunal de distrito de California. Los demandantes acusaron al gobierno federal de llevar a cabo detenciones sin fundamento legal, guiadas por factores como el color de piel, el idioma, el tipo de empleo o la presencia en lugares públicos como estaciones de autobús y campos agrícolas.
“El tribunal ha dejado claro que sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o donde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protege de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de ACLU SoCal.
La jueza Frimpong especificó que los agentes migratorios tienen prohibido realizar detenciones sin una sospecha razonable, así como basarse en estereotipos raciales o lingüísticos. Además, ordenó que los migrantes detenidos tengan derecho a asesoría legal durante toda la semana, incluidos fines de semana y feriados.
El DHS, por su parte, negó las acusaciones y calificó las denuncias como “repugnantes y categóricamente falsas”. No obstante, la presión social ha aumentado desde que videos virales del 22 de junio mostraran a supuestos agentes migratorios, con el rostro cubierto y sin identificarse, usando la fuerza para detener a trabajadores en un operativo que generó repudio a nivel nacional.
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