La abogada Merly Edquén, representante legal de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, se pronunció sobre la solicitud del fiscal José Domingo Pérez para adelantar el juicio programado para el 22 de septiembre.
Econimista asegura sentirse “traicionado” por los líderes del partido Progresemos.
La letrada afirmó estar de acuerdo con adelantar el juicio y que sea un proceso ágil. Sin embargo, cuestionó que se haya suspendido la cooperación internacional en materia judicial con Brasil, la cual consideró importante para interrogar a testigos brasileños.
“El Ministerio Público debe responder oportunamente a las autoridades brasileñas para que este impase de la suspensión sea temporal y no afecte la posibilidad de interrogar y contrainterrogar a los testigos que vienen de Brasil”, declaró en RPP.
“Esos testigos han sido ofrecidos tanto por el Ministerio Público como por nuestra defensa. Nos preocupa que este impase no se resuelva pronto”, añadió.
Niega actos de corrupción
La abogada negó que su representada haya incurrido en actos de corrupción. Enfatizó que el dinero entregado por empresas brasileñas para la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán fue utilizado para ese fin.
También descartó que la exalcaldesa haya admitido haber recibido sobornos, pese a sus declaraciones en 2019.
“Lo que ella reconoce son los aportes de campaña. No hay ninguna prueba en la carpeta fiscal de que ese dinero fuera para la señora Villarán”, sostuvo.
Descarta que abandone el país
Al ser consultada sobre si Villarán dejaría el país, Edquén negó esa posibilidad, señalando que buscan un “juicio justo”.
“La señora Villarán no tiene intención de salir del país. De hecho, ni siquiera piensa abandonar Lima”, precisó.
La abogada rechazó que su patrocinada vaya a admitir culpabilidad: “Reconocemos los aportes de campaña, y en ese entonces no era un acto ilegal”.
La Fiscalía solicita 29 años de prisión para Susana Villarán por presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión, entre otros. Se le acusa de recibir más de 11 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar sus campañas en 2013 y 2014.
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