La tramitación de permisos para proyectos estratégicos en Chile ha sido una barrera para la inversión
Las grandes empresas de minería, energía, infraestructura y construcción, gestionan cientos de permisos sectoriales, cifra que en los últimos años ha llegado a varios miles en casos emblemáticos. Para hacerlo, dedican equipos completos a la identificación, análisis y tramitación, retrasando la ejecución, sumando costos, generando incertidumbre y desincentivando nuevas inversiones.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que la tramitación de grandes proyectos demora en Chile, en promedio, 4,5 años, mientras que para plantas desaladoras o en la gran minería de cobre y litio, puede extenderse hasta 11 años.
En un contexto en que Chile acumula más de una década con crecimiento promedio anual inferior al 1%, agilizar los permisos es urgente para dinamizar la economía.
La recién aprobada ley de permisología promete disminuir los tiempos de tramitación entre un 30% y un 70%. Desde nuestra experiencia de más de 10 años asesorando procesos de inversión privada y público-privada en sectores estratégicos, para que esta ley cumpla su promesa de movilizar la inversión, incrementar el empleo, fortalecer el desarrollo y el bienestar social, se deben recorrer tres etapas: un buen diagnóstico, un diseño acorde y un plan de implementación detallado y que se ejecute con rigurosidad.
El diagnóstico es claro y compartido. Existe un consenso transversal sobre la problemática, y los gremios empresariales coinciden en que es un buen comienzo y que el desafío ahora es transformar ese consenso en resultados concretos y medibles.
En el diseño hay avances. La ley de permisología sienta las bases, y muestra convicción con su implementación fijando un plazo máximo de un año para ello. Sin embargo, falta modificar y aprovar otras leyes, ya que esta es una pieza en un engranaje mayor donde deben encajar la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la modernización del Consejo de Monumentos Nacionales y los cambios al sistema de concesiones marítimas.
Incorporar estas reformas es clave para que el diseño sea funcional y coherente con su objetivo. Datos del SEA muestran que en 10 años el tiempo para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental aumentó un 82% y en las Declaraciones de Impacto Ambiental un 53%.
Sin embargo, el mayor desafío ahora está en la implementación de la norma aprobada. Será necesario rediseñar procesos institucionales haciéndolos claros y transparentes, con foco en la eficiencia, la experiencia del usuario y el cumplimiento. Además, se debe fortalecer la capacidad de los servicios públicos, definiendo roles y responsabilidades claras y asegurando que existan las capacidades en cada institución.
La nueva ley también contempla un procedimiento de tramitación ágil y el fortalecimiento del Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales. Aquí será imprescindible integrar plataformas y tener estándares de datos para garantizar la trazabilidad. También establecer mecanismos efectivos de coordinación y una hoja de ruta clara.
La oportunidad para Chile está sobre la mesa: transformar la permisología y la certeza jurídica en un habilitador del desarrollo y crecimiento. La aprobación de esta ley fue solo el primer paso; lo decisivo será cómo se complementen los ajustes normativos y se ejecute con rigurosidad la implementación. Esto es solo el comienzo.