En la memoria 2024 de la Asociación de Bancos (Abif), el presidente del gremio, José Manuel Mena, expresó su preocupación respecto de la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) de la Ley Fintech, pues, a su juicio, su puesta en marcha involucra un desafío “no menor”.
Según Mena, la gradualidad de la implementación del SFA es un elemento clave a considerar, sobre todo, si se analizan casos similares ocurridos en otros países.
“La normativa mantiene un alcance amplio, exigente en plazos, sin etapas intermedias y con altos requisitos tecnológicos desde el primer día. Este desafío se ve acrecentado por los plazos laxos en los distintos hitos previos a la implementación, por ejemplo, la dictación de las especificaciones técnicas”, lamentó Mena.
“Tenemos que tener un análisis de los riesgos de implementación del sistema y claridad en los hitos de aquí a junio del próximo año, porque eso no está definido”.
Según la Abif, la evidencia internacional muestra que la implementación del SFA tiene una gran complejidad operativa y en diversas jurisdicciones ha sufrido importantes postergaciones.
“Por ejemplo, en Brasil, el cronograma inicial era de 18 meses y la implementación real demoró 36 meses; en el caso del Reino Unido, el primer plazo de implementación (enero de 2018) lo cumplieron solo cuatro de los nueve bancos obligados; y en Australia, se postergó la fecha de inicio en 12 meses”, sostuvo el gremio.
Según la Abif, los resultados de adopción de este tipo de sistema son mixtos, mientras que los costos han sido relevantes, destacando por ejemplo, el caso de Australia, donde ascendió a US$ 1.000 millones en cinco años, con una tasa de adopción de 0,31% de los clientes; o el caso de Brasil, donde el costo en tres años fue de US$ 400 millones, con una tasa de adopción de 25% de los usuarios.
De mantenerse este modelo, “creo que va a ser un sistema que va gastar muchos millones de dólares y no va a tener la confiabilidad”, expresó.
Personas jurídicas y uptime en la mira
Mena profundizó sus críticas con DF, cuestionando que la CMF estableciera el ingreso de las personas naturales (personas) y jurídicas al SFA en un mismo período.
A su juicio, las personas naturales deberían ingresar primero al SFA, pues “son el 98% de todas las transacciones”. Además, indicó que las empresas tienen diferentes niveles de transaccionalidad respecto de las naturales.
Por lo tanto, es necesaria “una gradualidad paulatina y razonable en términos de conocer cómo opera el sistema”, comentó.
Otra dificultad que destacó es que la CMF estableció un nivel de uptime (tiempo de actividad en funcionamiento) de 99,5% desde el comienzo del SFA.
Para Mena, partir con un porcentaje “extremadamente alto no solo implicará una inversión desmedida, sino que no toma en cuenta los procesos informáticos”.
El timonel de los bancos señaló que el tiempo dispuesto por la CMF no es el adecuado: “No estoy hablando de tres meses, estamos hablando de un riesgo de implementación grave del sistema”.
“Tenemos que tener un análisis riguroso de los riesgos de implementación del sistema y tener una normativa de gobernanza y claridad en los hitos de aquí a junio de 2026, porque eso no está definido”.