Por mayoría, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó hoy el informe final que concluye en la acusación constitucional contra la excongresista y exministra castillista Betssy Chávez por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado.
En la sesión, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), María Acuña, precisó que “hay indicios razonables y suficientes elementos de prueba” de que Betssy Chávez, en su condición de congresista, dispuso la contratación de los hermanos Flor de María Sotelo y Marco Antonio Sotelo —este último su pareja sentimental— para el cargo de auxiliar II en su despacho parlamentario.
Acuña refirió que ambos jóvenes reconocieron que su incorporación al Parlamento fue ordenada por Chávez e incluso ella misma dijo haber ordenado estas designaciones también durante su periodo de licencia parlamentaria.
En el caso de Marco Antonio Sotelo, además, se ha establecido que fue contratado en la red asistencial técnica de Essalud en calidad de apoyo administrativo, mientras que a su padre Marco Antonio Sotelo Calderón se le contrató como intendente general de Sunafil en Puno y luego como representante del Ministerio de Trabajo ante el Consejo Nacional de Senati cuando Chávez fue titular del referido portafolio.
Igualmente, refirió Acuña que Chávez intervino directamente ante los entonces ministros de Vivienda Geiner Alvarado y César Paniagua para lograr la contratación de Marco Antonio Sotelo Calderón como jefe de la Oficina de Tacna de Cofopri.
Inhabilitación para Geiner Alvarado
La Comisión Permanente del Congreso también aprobó el informe final de la SAC que acusa al exministro de Vivienda Geiner Alvarado y propone su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.
En este caso el congresista encargado de sustentar la acusación fue Víctor Flores Ruiz, quien sostuvo que el extitular de Vivienda intervino directamente en la asignación de obras para favorecer a determinadas empresas, entre ellos el alcalde de Anguía José Nenil Medina.
Refirió que en octubre de 2021, Alvarado dio el Decreto de Urgencia 102-2021 que dispuso la transferencia de partidas para la ejecución de 28 obras por un monto total de 115 millones 747 mil 668 soles con las que se benefició a allegados de la familia del entonces presidente Pedro Castillo.
Cabe señalar que ni Betssy Chávez ni Alvarado ejercieron su defensa ante la subcomisión o la Comisión Permanente por lo que habiéndose aprobado los informes finales en esta última instancia le toca al Pleno del Legislativo debatir y votar dichos documentos.
La Comisión Permanente del Congreso evaluará este viernes la denuncia constitucional contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez. La acusación fue presentada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
Norma establece que habrá un plazo máximo para evaluar los casos en los que se habrían afectado derechos.
La exministra durante el gobierno de Pedro Castillo es sindicada de haber incurrido en negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, así como en tráfico de influencias agravado.
Chávez está acusada de haber favorecido la contratación de Antonio Sotelo Calderón, con quien habría mantenido una relación sentimental mientras era ministra de Cultura y él dirigía la oficina zonal de COFOPRI en Tacna.
La expremier enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Actualmente, cumple prisión preventiva hasta marzo de 2026, luego de que la Corte Suprema rechazara su apelación para anular la medida.
La Fiscalía ha solicitado 25 años de cárcel para Chávez, acusándola de rebelión y de delitos contra los poderes del Estado. Además, se ha pedido una inhabilitación de dos años y seis meses para ejercer cargos públicos y una reparación civil de más de 64 millones de soles.
Otras denuncias
La Comisión Permanente también evaluará la denuncia constitucional contra el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado. El documento busca inhabilitarlo por 10 años de la función pública, y se le acusa de haber infringido el artículo 39 de la Constitución, al refrendar el Decreto de Urgencia N.° 102-2021.
Asimismo, también se verá el informe final de la denuncia contra el exjuez supremo Aldo Figueroa Navarro. La acusación fue formulada por la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, por presunto cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado.