El activismo de la Contraloría en estos últimos meses es llamativo: ha denunciado que 25.078 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica; ha detectado 5.104 cuentas activas de fallecidos en la Superintendencia de Seguridad Social; ha instruido descontar el sueldo a profesores en paro; ha investigado el uso de recursos públicos con fines electorales; ha objetado más de $ 1,5 billón tras fiscalizaciones a gobiernos regionales, municipios y servicios; y ha anunciado que abrirá una investigación especial al SII por posibles irregularidades en el cálculo de las contribuciones.
Dos preguntas resultan inevitables. La primera: ¿qué ha vuelto tan activa a la Contraloría? Y la segunda: ¿en qué están las demás reparticiones del Estado?
“La Contraloría está dejando en evidencia que en demasiadas reparticiones públicas se ha ido instalando una cultura indolente, complaciente y reactiva, más preocupada de protegerse a sí misma que de servir a los ciudadanos”.
La respuesta a la primera parece obvia: Dorothy Pérez. Tanto, que cabe cuestionarse en qué estuvo Jorge Bermúdez durante sus ocho años como contralor, más allá de la infructuosa batalla administrativa y judicial que libró para sacar a Pérez, funcionaria de carrera y, en ese entonces, subcontralora de la institucion. Pero por más profesional, seria, meticulosa y valiente que ella sea, algo adicional tiene que existir, porque de seguro que no lograría lo mismo si estuviese a cargo, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Ese algo, por lo tanto, está dentro de la propia Contraloría, muy probablemente asociado a una cultura organizacional que se ha ido construyendo desde que Ramiro Mendoza asumió como contralor, y de lo que la propia Dorothy Pérez ha sido protagonista.
Pero, sobra decirlo, para que el Estado funcione bien no basta con que solo la Contraloría cumpla su cometido. De ahí la importancia de la segunda pregunta. Si miramos a las empresas grandes, las gerencias de auditoría interna o de cumplimiento son importantes para asegurar que los procedimientos definidos se cumplan y los riesgos se minimicen, pero eso constituye solo el “desde” para evaluar su desempeñó. Si las gerencias de negocio y las de soporte no hacen bien su trabajo, los resultados serán deficientes, por más que se sigan los procedimientos.
¿Están las demás reparticiones del Estado haciendo bien su trabajo? Es cierto que no se las puede poner a todas en el mismo saco, pero la evaluación general no parece positiva, y la tendencia es claramente negativa. Pese a que se ha incorporado más tecnología y a que el número de funcionarios ha aumentado –hace dos décadas representaban el 10% del total de asalariados en el país y hoy el 18%–, los indicadores de desempeños van a la baja. Y esto resulta especialmente visible en servicios altamente sensibles para la ciudadanía, como educación, salud y justicia, así como en el manejo de las finanzas públicas.
Lo que la Contraloría está dejando en evidencia es que en demasiadas reparticiones de la administración se ha ido instalando una cultura indolente, complaciente y reactiva, más preocupada de protegerse a sí misma que de servir a los ciudadanos. Visto así, y ante la inacción de otras instituciones que deberían velar por el buen desempeño del Estado –imposible no mencionar aquí a la Dipres y al Servicio Civil– la Contraloría está yendo más allá del “desde” y parece haberse autoimpuesto el enorme desafío de empujar la transformación cultural del Estado. Quizás la más importante de todas las reformas que se debaten, y la más ausente en el discurso de quienes aspiran a dirigir el país.
