La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte, su expremier Alberto Otárola y otros exministros, por la “represión” registrada de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional durante las protestas violentas de los seguidores del golpista Pedro Castillo contra la asunción de la mandataria.
A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de ‘X’, el Ministerio Público (MP) precisó que la acción se llevó a cabo a través de Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. A detalle indica que, además de la mandataria y el expresidente del Consejo de Ministros, también se incluyó a Pedro Angulo, César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Los mencionados fueron contemplados en la denuncia constitucional en sus actuaciones como presidenta de la República, presidentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y ministros de Defensa e Interior, respectivamente.
A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de ‘X’, el Ministerio Público (MP) precisó que la acción se llevó a cabo a través de Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. A detalle indica que, además de la mandataria y el expresidente del Consejo de Ministros, también se incluyó a Pedro Angulo, César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Los mencionados fueron contemplados en la denuncia constitucional en sus actuaciones como presidenta de la República, presidentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y ministros de Defensa e Interior, respectivamente.
En el pronunciamiento del MP se informó que la medida interpuesta contra la jefa de Estado y los exministros es por ser presuntos autores de los delitos de lesiones leves y graves, ello en agravio de los ciudadanos Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega y otros.
La imputación está vinculada a las protestas sociales que se llevaron a cabo durante el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como también en Lima Metropolitana.