La Fiscalía de Extinción de Dominio está incautando en estos momentos las propiedades en Lima que el exsuperintendente de Odebrecht, el brasileño Jorge Barata, transfirió en 2018 a sus hijas Daniela y Gabriela cuando gestionaba su acuerdo de colaboración eficaz con la justicia peruana.
La diligencia está liderada por el fiscal Renzo Cayro Armejo. Se trata de cuatro propiedades, entre departamentos, estacionamientos y depósitos, ubicadas en un condominio del distrito de San Isidro, y cuyo valor sumado asciende a US$613,000.
La razón de esta intervención es porque el fiscal Cayro ha establecido que los bienes fueron adquiridos con dinero ilicito.
Barata es el principal delator del caso Lava Jato, quien reconoció ante el Ministerio Público que la constructora brasileña pagó millonarias coimas a funcionarios peruanos para adjudicarse obras públicas.
No obstante, si bien el empresario había conseguido beneficios penales por el trato que cerró con los fiscales peruanos en 2018, en 2024 el colaborador eficaz se declaró en rebeldía y rechazó participar en audiencias judiciales, como la del expresidente Ollanta Humala, pese a que estaba obligado por el acuerdo.
El exdirectivo de Odebrecht alegaba, por un lado, que por órdenes de jueces de Brasil estaba impedido de compartir información. Por otro lado, su abogado César Nakazaki demandó que no se estaba cumpliendo con los procedimientos adecuados para recoger la declaración de su patrocinado.
El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, pidió la revocatoria de los beneficios penales y en julio del año pasado el Poder Judicial accedió en primera instancia.
Pero en noviembre de 2024, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló esa primera decisión y restableció los términos originales, que en resumen disponían que no se podía procesar penalmente a Barata.
El exejecutivo no ha vuelto a participar en juicios, por lo que debe definir su situación legal con las autoridades peruanas. Y, mientras tanto, Brasil suspendió toda cooperacion internacional con sus pares peruanos ante el pedido de Odebrecht por supuestas vulneraciones al acuerdo.
En manos del Pronabi
El fiscal Cayro salió del edificio pasado el mediodía y aclaro que se concretó la incautación pero que se llegó a un acuerdo con los inquilinos que habitan el departamento para no ser desalojados.
Precisó que “se ha respetado el derecho” de los mismos y que el Pronabi, que administra los bienes del Estado, respetará el contrato de alquiler que estos suscribieron con la familia Barata, ya que resta aún un año para su vencimiento.
“Estos inmuebles tendrían un origen ilícito vinculados al caso Odebrecht”, dijo brevemente el magistrado.
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