Los esfuerzos del Gobierno para mejorar la eficiencia del gasto público son el tema principal de discusión en la economía actual.
Esto ha generado fuertes discrepancias entre el Ministerio de Hacienda y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) la semana pasada, luego de un informe crítico sobre las finanzas públicas que fue rebatido por el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
A pesar de esta controversia, el Gobierno ha seguido avanzando en la racionalización y eficiencia del gasto público.
Se han analizado 28 transferencias.
Una de las medidas es el pronto envío de un proyecto de ley para eliminar transferencias monetarias del Estado que no cumplen con evaluaciones técnicas adecuadas o cuyo propósito ya está cubierto por otras prestaciones estatales.
Según lo explicado por el Ejecutivo, el objetivo es presentar el proyecto de ley este primer semestre, con el objetivo de eliminar bonos que no cumplen con propósitos claros de política pública. Según cálculos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), esta medida permitirá ahorrar alrededor de US$ 5,7 millones ($5.706 millones) este año, y para 2027 ese monto aumentará a casi US$ 11 millones ($10.697 millones).
Lo que se analizó
Este año se ahorrarían US$ 5,7 millones.
Este trabajo comenzó en 2022, cuando Hacienda encargó al Sistema de Evaluación de Programas e Instituciones Públicas un análisis de las transferencias monetarias del Estado, que servirá de base para el proyecto de ley mencionado.
¿El objetivo? Identificar la perspectiva estratégica y alcance de las transferencias, así como analizar si existen complementariedades y duplicidades a nivel de estrategias y beneficiarios.
Las transferencias fueron revisadas a través de la evaluación sectorial, un instrumento centrado en la visión integral de un área de política pública.
La oferta programática relevante se definió mediante la selección de programas que cumplen con tres requisitos: que tienen como objetivo aliviar ciertos gastos o complementar ingresos de una persona o hogar; que son de libre disposición; y con cobertura nacional.
Así, Dipres dividió las prestaciones analizadas en cuatro grupos: aseguramiento de servicios básicos o consumo básico; desarrollo humano; inclusión laboral; y mejoramiento de pensiones.
Se evaluaron 28 transferencias monetarias pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y al Ministerio de Educación.
Con base en el análisis del Ejecutivo, junto con un panel de especialistas, se definieron cuatro sugerencias a mediano plazo.
La primera es utilizar un solo instrumento de focalización para programas dirigidos a grupos vulnerables, basado en el Registro Social de Hogares (RSH) y la Calificación Socioeconómica.
La segunda fue fusionar las transferencias, especialmente las relacionadas con empleo y niños, niñas y adolescentes. Se destaca la necesidad de aumentar los montos de los subsidios destinados a hogares con niños, niñas y adolescentes, proponiendo que los próximos aumentos presupuestarios se centren en este grupo debido a la alta rentabilidad y acumulación de capital humano.
La tercera idea es analizar las barreras de acceso de género, evaluar ajustes en montos y realizar estudios para profundizar en la asignación de beneficios.
Una cuarta recomendación es estudiar la pertinencia de mantener el programa Bodas de Oro, ya que es la única de las 28 transferencias consideradas relevantes que no contribuye a reducir la pobreza y vulnerabilidad de los hogares, no siendo parte integral del sistema de protección social ni de las transferencias monetarias.
“En el marco de un sistema que promueve la autonomía económica de los hogares a lo largo del tiempo, esta transferencia no cuenta con argumentos técnicos que la justifiquen”, explicó Dipres.
Propuestas a corto plazo
Ya pensando en el corto plazo, se presentaron tres recomendaciones.
La primera es mejorar y consolidar las fuentes de información que alimentan los sistemas de selección de beneficiarios y gestión de las transferencias monetarias, ya que actualmente 17 de ellas utilizan la Clasificación Socioeconómica del RSH y 8 utilizan el Puntaje de Focalización Previsional del Instituto de Previsión Social (IPS) y el formulario Único de Acreditación Superior (FUAS), que buscan identificar a los hogares más vulnerables de la población para entregar beneficios educativos.
“Por lo tanto, al tener instrumentos distintos podrían existir contradicciones en la asignación de beneficios”, señaló la Dipres.
Una segunda recomendación se refiere a la reformulación y análisis del diseño de los subsidios, ya que se requiere una estandarización y evaluación de las complementariedades, profundizando en aquellos grupos focalizados en poblaciones similares.
Y, por último, se identifica la necesidad de definir criterios de egreso coherentes con los objetivos de los programas y vincularlos con políticas de inserción laboral para promover ingresos autónomos.