En mayo de 2023, un consorcio de inversionistas denominado Inversiones Da Vinci, liderado por el antiguo dueño de Farmacias Cruz Verde, Guillermo Harding, sorprendió al mercado comprando la cadena Farmacias Ahumada, hasta esa fecha, propiedad de la gigante estadounidense Walgreens Boots Alliance (WBA).
Pagando US$ 49,2 millones, tomaron el control, anunciando un fuerte plan de expansión, fijándose como meta reposicionar a FASA, que venía sostenidamente perdiendo participación de mercado. Un año y medio más tarde, en noviembre de 2024, recurrieron a la justicia por primera vez.
En una querella penal, Da Vinci reveló haber realizado una investigación interna y acusó a una serie de exejecutivos de la firma de haber falseado documentos (relativos a la situación legal, económica y financiera de la cadena de farmacias) y de estafa calificada. Entre otros, apuntaron a dos altos gerentes de Walgreens: el CFO del área Internacional, Olmo Palermo; y el exgerente general de Ahumada, Michele Ingravallo. Por lo anterior, los nuevos controladores reclaman $ 11.342 millones de perjuicios.
El proceso legal no había registrado mayores avances hasta ahora. Pero en marzo de 2025, los abogados de Da Vinci volvieron a la justicia. Explicaron que habían comprado FASA a una filial de WBA denominada Superior US 1 LLC, que también es dueña de la cadena mexicana Farmacias Benavides, que cuenta con 1.100 locales.
Plantearon que la venta de esta última compañía era inminente y que, como estaban preparando una demanda arbitral que se presentará ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), ésta debía ser paralizada, puesto que Benavides es “el único activo de relevancia que aún queda” en el patrimonio de Superior.
Finalmente, en la justicia chilena, lo consiguieron. El 7° Juzgado Civil de Santiago dio curso a una medida prejudicial precautoria, consistente en la “prohibición de celebrar actos y contratos” respecto de la totalidad de acciones y/o derechos sociales que Superior y sus filiales constituidas en Chile -que son los vehículos de inversión detrás de Benavides- tienen sobre la cadena mexicana.
Fronteras del caso
Dos grandes preguntas surgen de la resolución del juzgado.
La primera, ¿por qué los nuevos controladores estimaron que la venta de Benavides era inminente? El escrito, que está patrocinado por el actual presidente de Ahumada, Joel Lobo; el abogado Luis Felipe Muñoz, histórico asesor de Harding; y los abogados de Carey, Juan Carlos Riesco, Felipe Wiener y Alfonso Pérez de Arce, relata que cuando se vendió FASA, Walgreens esperaba hacerlo en conjunto con la marca mexicana.
“Finalmente nuestra representada sólo estuvo interesada en adquirir la primera”, dijeron los abogados. “Fue la propia Superior quien -desde un principio- ha hecho pública su intención de querer desprenderse de Benavides”.
A lo anterior, agregaron, se suma un “plan de optimización” que anunció WBA, que ha considerado ventas de activos -como por ejemplo de su participación accionaria en la mayorista de medicamentos Cencora Inc.- y el cierre de 1.200 tiendas en EEUU. De hecho, el 6 de marzo Walgreens anunció que se firmó un acuerdo para que la compañía sea adquirida por el fondo privado Sycamore Partners, por un monto cercano a los US$ 10.000 millones.
Además, mencionaron publicaciones de prensa que especularon sobre la venta de Benavides y que los auditores independientes de la cadena aludieron a una “incertidumbre material” tras revisar los estados financieros de esta firma.
La segunda duda es si puede la justicia chilena paralizar una transacción a realizarse por Superior, una sociedad estadounidense. Los abogados argumentaron que, si bien este vehículo está constituido allá, entre medio de Superior y Benavides hay distintas sociedades chilenas por las que se ejerce el control de la cadena: se denominan FASA Investment, WBA Holding e Inverfar. “Si bien el arbitraje tendrá sede en Nueva York (en la CCI) el derecho de fondo aplicable será la Ley chilena”, argumentaron.
Con todo, se han emitido exhortos y la acción legal pretende ser visada por la justicia norteamericana también, aunque desde WBA podrían intentar impugnar las resoluciones. “Esta parte espera demandar por el concepto de daño emergente la suma de $11.342 millones, correspondiente al sobre precio pagado por las acciones más el impacto financiero de las prácticas ilícitas perpetradas”, dice la acción de Da Vinci.
DF consultó a Walgreens, pero hasta el cierre de esta edición no se había recibido respuesta.