El Gobierno Regional de La Libertad ha exigido al Ejecutivo que tome medidas tras el asesinato de 13 trabajadores en la minera Poderosa, en Pataz. A través de un comunicado, han pedido una mayor presencia policial y militar, además de evaluar la posibilidad de declarar el estado de sitio en la zona. Entre sus principales demandas se encuentra la declaración del estado de sitio en la zona, con el objetivo de restaurar el orden y detener la creciente ola de violencia.
El gobierno regional, liderado por César Acuña, ha expresado su profundo pesar por la pérdida de vidas humanas y ha extendido sus condolencias a los familiares de las víctimas. Asimismo, han manifestado su indignación ante el aumento de la criminalidad en esta zona minera y han solicitado una respuesta inmediata y coordinada por parte de las autoridades nacionales.
En este contexto, el Gobierno Regional de La Libertad ha propuesto cuatro acciones prioritarias. En primer lugar, han pedido el despliegue inmediato de un mayor contingente de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en la provincia de Pataz, como respuesta a la masacre ocurrida y como medida preventiva ante futuros actos de violencia.
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En segundo lugar, han exigido que el Ministerio Público y el Poder Judicial coordinen esfuerzos para acelerar la identificación, captura y sanción de los responsables del crimen, con el fin de garantizar justicia para las víctimas y sus familias. Las autoridades regionales han hecho hincapié en la necesidad de imponer penas ejemplares a los autores materiales e intelectuales de esta tragedia.
En tercer lugar, han instado al Ejecutivo, específicamente a la presidenta Dina Boluarte, a que evalúe la posibilidad de declarar el estado de sitio en esta zona crítica, lo que permitiría a las fuerzas del orden contar con mayores facultades para intervenir y recuperar el control territorial frente a bandas criminales vinculadas a la minería ilegal y otros delitos.
Por último, el Gore La Libertad ha reafirmado su compromiso de brindar apoyo a los familiares mediante asistencia legal, acompañamiento psicológico y respaldo económico. Además, han instado a todas las autoridades nacionales, regionales y locales a unirse y trabajar de manera coordinada para hacer frente a esta problemática que, según han señalado, está afectando gravemente a la región.