Primero, fue la sociedad Ariztía, la segunda mayor avícola del país. Ahora, fue el turno de Cial Alimentos, la principal empresa de cecinas de Chile, con marcas icónicas como Winter, San Jorge y La Preferida, que también inició un proceso en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP, o ChileCompra), luego de que esta la dejara fuera de una millonaria licitación para proveer de alimentos a organismos estatales.
Se trata de la licitación Convenio Marco de Alimentos, lanzada en septiembre del año pasado, cuyo objetivo -según detalló ChileCompra- es disponer para los organismos del Estado de una oferta de alimentos perecibles, no perecibles y congelados en la tienda de Convenios Marco de la plataforma por montos superiores a 10 UTM y un máximo de 25 mil UTM.
Como parte del proceso, la DCCP declaró inadmisible la oferta presentada por el Consorcio Industrial de Alimentos (Cial, del empresario Alberto Kassis), que presentó una impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública.
“Nuestras cadenas son mucho más baratas y, finalmente, no se permitió aclarar un error que permitía considerar nuestra oferta como válida, permitiendo que la administración tuviese acceso a una mayor cantidad de ofertas”, dijo Cial.
Cial Alimentos es propiedad del empresario Alberto Kassis. Foto: Archivo
La empresa solicitó dejar sin efecto la resolución cuestionada, que se retrotraiga el concurso a la etapa de evaluación de ofertas, que se declare admisible la de Cial y que se adjudique de acuerdo a los criterios de evaluación.
“Mucho más baratas”
Al justificar la inadmisibilidad de la oferta, la DCCP dijo: “No presenta contrato o autorización válida de la autorización sanitaria para vehículos de transporte de alimentos en los términos señalados en la cláusula 6.2.4 de las bases de la licitación”.
La mencionada cláusula establece que los oferentes deben contar con una autorización sanitaria para vehículos de transpor de alimentos, para que se puedan movilizar productos perecibles que requieran frío para su conservación.
La compañia reconoció que “incurrió en un error”, a su juicio “no trascendente”, al momento de presentar su propuesta. Explicó que dentro de las decenas de contratos de transportes que tiene para distribuir y entregar sus productos, se acompañó el asociado a la empresa Automotora Salazar, el que no coincidía con el titular de la resolución exenta del Ministerio de Salud, que era Edison Salazar Cárdenas.
“(Cial) es una empresa líder en la industria alimentaria, con una trayectoria consolidada en el mercado nacional, siendo representantes y fabricantes de productos alimenticios, tales como las marcas Winter, San Jorge y La Preferida, ofreciendo productos directamente a los organismos públicos y privados, participando activamente en los últimos tres convenios marco de alimentos licitados por la DCCP”, dijo.
A juicio de la denunciante, la declaración de inadmisibilidad de su oferta en la última licitación vulnera los principios esenciales de la contratación pública, particularmente, los de estricta sujeción a las bases y de libre concurrencia.
“Recordemos que somos productores y distribuidores, por lo que nuestras cadenas son mucho más baratas y, finalmente, no se permitió aclarar un error que permitía considerar nuestra oferta como válida permitiendo que la administración tuviese acceso a una mayor cantidad de ofertas”, dijo la empresa. “Se perjudica el interés público y el de Cial Alimentos, quien ha sido injustamente excluida de la licitación”, añadió.
“Un actor destacado”
La DCCP también declaró inadmisible 1.947 ofertas presentadas por Ariztía Comercial, para productos que requieren frío para su conservación, ya que -igualmente- no adjuntó el contrato con el transportista.
La empresa también presentó una impugnación en contra de la decisión de ChileCompra ante el Tribunal de Contratación Pública: solicitó que sean admisibles sus propuestas y que se le declare adjudicataria de la licitación.
En su defensa, la compañia dijo que hubo una “omisión de un contrato con un transportista”, lo que a su juicio no reviste la gravedad o importancia suficiente para declarar la inadmisibilidad de las ofertas.
“Se ha privado a los órganos de la administración del Estado la posibilidad de contratar con un actor destacado, eficiente y técnicamente relevante”, señaló la avícola, la cual destacó que, desde 2018, ha suscrito contratos con el Estado por $ 25.131 millones, de los cuales el 95% han sido efectuados mediante la modalidad de Convenio Marco.