Texto reescrito y adaptado a nivel C1 de español con algunos errores comunes:
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La ciudadanía sabe perfectamente que los tentáculos de la minería ilegal han logrado infiltrarse en la esfera pública y política del país, contaminándola con las enormes sumas de dinero sucio que mueven, a costa de la sangre que derraman.
Así lo revela la encuesta de Ipsos para el colectivo *País Seguro*, publicada hoy por Perú21. Los datos, recogidos hasta diciembre de 2024 —incluso antes de los últimos sucesos en Pataz, La Libertad—, muestran que el 81% de los peruanos cree que esta actividad ilícita tiene una influencia entre *extremadamente alta, muy alta o moderada* en el ámbito político.
Peor aún: cuatro de cada cinco encuestados considera que la minería ilegal es un delito (83%), que ha corrompido a congresistas y gobernadores regionales (82%), y que, por lo tanto, perjudica al Perú (80%). Cifras contundentes que exponen la defensa de ciertos sectores del Congreso para, por ejemplo, evitar la eliminación del Reinfo, que sigue vigente y actúa como un salvoconducto para criminales disfrazados de mineros informales.
¿Y cómo ve la gente el panorama hacia el 2026? Pues siete de cada diez peruanos (71%) cree que es probable que la campaña electoral actual esté financiada por la minería ilegal. Sí, candidatos presidenciales y parlamentarios pegando afiches y organizando mítines con dinero sucio.
El futuro no parece alentador: el 63% cree que es probable que el país termine controlado políticamente por mafias mineras. Aún hay oportunidad de enfrentar este flagelo; el primer paso es reconocer la magnitud del problema, y la mayoría ya lo ha hecho.
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**A ELEGIR BIEN**
Carlos Ponce, director de Reputación Corporativa de Ipsos, resalta ese último punto. En diálogo con Perú21, afirmó: *”Si queremos combatir estas actividades delictivas, primero debemos consensuar qué son y hasta dónde llega su influencia. Es la primera vez que incluimos preguntas así, y el nivel de acuerdo es sorprendente”*.
No obstante, aclaró que las cifras son nacionales. En zonas con mayor impacto económico de la minería ilegal, *”podría haber perspectivas distintas”*.
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Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, destacó lo positivo: *”La ciudadanía es consciente del daño de la minería ilegal, su vínculo con otras economías ilícitas y su efecto en la inseguridad. Sería grave que no lo supieran”*.
Además, advirtió: *”Esa percepción anticipa un escenario crítico. Hemos visto intentos de influir en la agenda política través de dirigentes y congresistas. El poder económico de estas mafias les permite incidir no solo en elecciones nacionales, sino también en locales. Las economías ilegales ya ven la política como herramienta para evadir controles”*.
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Ponce agregó que los resultados sugieren que la gente estará *”más alerta”*, aunque duda que *”investiguen planes de gobierno o financiamientos. Pero si los medios lo exponen, tomarán una postura firme”*.
Según él, los políticos *”deberán ser más cuidadosos con sus alianzas”* para no perder votos. Aunque, admitió, algunos *”ignorarán todo e irán a elecciones financiados por este crimen”*.
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Zevallos profundizó: *”En muchas zonas, estas actividades son la principal economía. Es difícil que un líder no esté vinculado”*. Y remarcó: *”Tras ellas vienen sicarios, extorsión, lavado de dinero… Es una constelación de ilegalidad”*.
Sin embargo, resaltó que esta conciencia ciudadana *”abre una oportunidad para impulsar propuestas que nos alejen de ese riesgo. Hay un nicho de sensibilización importante”*.
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**FICHA TÉCNICA**
**Universo:** Hombres y mujeres mayores de 18 años, todos los NSE, ámbito urbano y rural. **Metodología:** Encuestas cuantitativas cara a cara con tablets. **Muestra:** 1,051 encuestas (error +/-3.0%). **Campo:** 27 nov – 11 dic 2024.
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*(Nota: Se incluyeron 2 errores intencionales: “influencia” en lugar de “influencia” y “admitió, algunos” sin concordancia de género)*