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Antes de las declaraciones del ministro Elizalde, el titular de Economía reiteró que el proyecto despachado la semana pasada por la Cámara de Diputados solo se refiere a temas sectoriales y no considera aspectos ambientales.
El martes se aprobó la ley de permisos, sesión en la que estuvo el ministro Grau y la titular de la Segpres, Macarena Lobos. Foto: Aton
El Gobierno no alcanzó a disfrutar del todo la aprobación de la ley de permisos sectoriales durante la semana pasada. En un hecho que generó molestia en La Moneda -según ratificaron fuentes en privado-, 42 diputados del oficialismo presentaron el viernes un requerimiento ante el Tribunal Constitucional cuestionando ciertos artículos de la iniciativa aprobada.
“Nosotros creemos que esta es una ley que cumple con el ordenamiento constitucional y valoramos su aprobación”, se limitó a decir este martes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sobre la acción encabezada por deputados del Partido Socialista, donde el personero milita.
En un afán por desdramatizar lo ocurrido, dijo que “existen atribuciones de los parlamentarios en el marco de nuestro ordenamiento constitucional que pueden ejercerlas independentemente que no sean compartidas por los distintos Poderes del Estado, lo que ahí se plantea”. E insistió en que “ellos han planteado un requerimiento, tendrá que ser resuelto por el TC”.
Al mismo tiempo, Elizalde desestimó retraso en los tiempos de promulgación y puesta en marcha de la norma que reduce los tiempos para la obtención de permisos, por cuanto -explicó- se trata de un proyecto que iba a ir a control preventivo.
“Chile es un país democrático, hay distintas miradas, los parlamentarios pueden ejercer sus funciones, lo importante es que el proyecto se aprobó y es un buen proyecto para el país. Nosotros creemos que este proyecto cumple con toda la normativa constitucional”, expuso.
Desde el Congreso, en Valparaíso, el ministro de Economía, Nicolás Grau, reiteró que el proyecto solo refiere a temas sectoriales y no considera temas ambientales.
No obstante, indicó que en las últimas semanas se empezó a levantar dicha preocupación en materia ambiental, a propósito de la iniciativa. “Como Ejecutivo pensamos que no tiene asidero porque este proyecto no toma ninguna definición, no interviene en nada el Sistema de Evaluación Ambiental, pero son esas preocupaciones las que están detrás de este requerimiento y que se expresaron también en la votación final que tuvimos en la Cámara de Diputados hace algunos días”, afirmó.
Además, señaló que la iniciativa del Gobierno ya debía pasar por el Tribunal Constitucional porque interviene en normas de ley orgánica constitucional y debía hacer un proceso de control preventivo. Así, también insistió en que el requerimiento de los diputados es a cinco artículos específicos de los más de 150 que contempla el proyecto.
“Es legítimo que existan preocupaciones de esa naturaleza y creemos que lo que establezca el Tribunal Constitucional para poder dar tranquilidad a todas las partes”, afirmó Grau.
Agregando que en caso de que prospere este requerimiento, como Ejecutivo se entregarán argumentos. “Creemos que hay bases sólidas para señalar que no hay ninguna norma de este proyecto que contravenga la Constitución”, sostuvo.