En lo que podría ser interpretado como una suerte de coordinación entre la UDI y el comando de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dieron a conocer este lunes sendas propuestas para combatir el narcotráfico, a raíz “del avance del narcotráfico, la migración descontrolada y la corrupción en el aparato público”, según señala el gremialismo respecto de los cinco temas que plantean y que se suman a los tres que proponen desde el comando sobre la misma situacion.
Según las anunció el timonel de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, el partido plantea la necesidad de aplicar un test de drogas obligatorio para todas las autoridades del Estado, incluyendo al Presidente de la República, ministros, parlamentarios, jueces, alcaldes, concejales, y miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y añade que el test debe ser “de pelo” y con resultados públicos, de manera que permitan evaluar sanciones, entre las que figuran incluso la perdida del cargo, según sea el caso.
Además, el gremialismo propone pena de cárcel efectiva para cualquier autoridad pública que tenga vínculos con el narcotráfico o el crimen organizado; el cierre físico de las fronteras con la construcción de 240 kilómetros en el norte del país con muros y barreras, vigilancia con drones y tecnología avanzada para un control efectivo del ingreso irregular; la expulsión de los 3 mil inmigrantes presos en Chile, para descongestionar las cárceles y recuperar el control del sistema penitenciario; y la inversión de US$ 2.500 millones en tecnología para control fronterizo, incluyendo 140 mil cámaras con reconocimiento facial y sistemas inteligentes de monitoreo.
Aplicación del polígrafo para funcionarios estratégicos
Mientras, la candidata de Chile Vamos a La Moneda, propuso tres medidas “urgentes” que apuntan a la realización de un test de drogas obligatorio a los funcionarios públicos —civiles y uniformados— que estén relacionados con la seguridad nacional; detectar posibles narcos infiltrados, ordenando a los mandos militares y jefes de servicio que refuercen el control sobre sus funcionarios, investigando si el nivel de vida que llevan (autos, viajes, casas, gastos) corresponde a su sueldo; y, uso del polígrafo para funcionarios estratégicos de las Fuerzas Armadas, policías y otros servicios públicos ligados a la seguridad, especialmente en cargos de alto riesgo o con acceso a información sensitiva.
Evelyn Matthei, señaló que “es urgente detectar a cualquier miembro de estas instituciones que colabore con el crimen organizado” y llevarlos ante la justicia para que sean condenados; y “le pido encarecidamente al presidente Boric un conjunto de medidas urgentes, como por ejemplo aplicar el test de pelo a todos los funcionarios públicos -civiles y uniformados- que estén relacionados con la seguridad nacional”.