Pese a las medidas que estaría tomando La Moneda para contener los efectos del caso ProCultura para que no llegue hasta el presidente Gabriel Boric, en el Congreso el tema ya creció como la espuma y aunque no fue la UDI, que el lunes, a través de su jefe de bancada de los diputados, había anunciado con bombos y platillos la presentación de la solicitud de creación de una Comisión Investigadora enfocada en el financiamiento irregular de la política; de todos modos se pidió la investigación, a través de esta instancia fiscalizadora.
Quien dio el paso fue el diputado independiente Rubén Oyarzo (exPDG), anunciando que solicitará la conformación de una nueva Comisión Investigadora para abordar un posible financiamiento ilegal de la política, tras los últimos antecedentes del caso ProCultura y la declaración de su fundador, Alberto Larraín: “Tras los últimos antecedentes conocidos públicamente, se hace necesario conformar una nueva Comisión Investigadora por los temas de posibles financiamientos ilícitos a la política; lamentablemente hemos visto como ProCultura y Alberto Larraín nos siguen mintiendo a la cara, creen que somos ingenuos y que no hay antecedentes. Aquí se debe investigar a fondo”, subrayó el legislador.
En el marco del mismo tema, Oyarzo instó al presidente Gabriel Boric a que preste declaración voluntariamente en este caso, “por transparencia”. Ello, luego de que el mandatario haya sido mencionado por Larraín en antecedentes filtrados y negar en una declaración un eventual financiamiento a su campaña presidencial.
“Cuando vuelva de su viaje a China, (Presidente) vaya voluntariamente a la Fiscalía a declarar lo que sabe o no sabe, por transparencia. La ciudadanía y el país exigen transparencia”, instó el diputado.
Irresponsable acusación de espionaje
Y no cabe duda de que el caso ProCultura está afectando internamente al oficialismo. Ello, porque la diputada Camila Musante (indep-PPD) discrepó con sus socios del Frente Amplio, criticando que ese partido acuse “espionaje” político de parte de la Fiscalía. Para la legisladora, “lo que prima por sobre todas las cosas es la verdad que logra acreditarse en un juicio y puede ser muy irresponsable llegar a sostener un espionaje si no existen pruebas al respecto”.
Musante insistió más directamente en que es “irresponsable de parte del Frente Amplio” hacer este tipo de acusaciones y –añadió– su tesis “desvía el foco de lo verdaderamente relevante de una investigación que sí se ha producido con irregularidades, sí han existido filtraciones que no corresponden, absolutamente de acuerdo con todo ello, pero que tiene que tener responsables con nombre y apellido, que no puede quedar en la impunidad. En eso no puede haber un doble estándar ni un doble discurso”, advirtió.
“Ni Piñera ni Bachelet”
Por otro lado, la declaración pública de Alberto Larraín descartando haber aportado recursos a la campaña del actual mandatario, sólo contribuyó a encender aún más la humeante hoguera en el Congreso. A este punto, el diputado opositor Andrés Celis (RN), advirtió que “aquí no se trata de explicaciones voluntarias ni relatos personales, sino de esclarecer si hubo o no financiamiento ilegal de la política”.
Mientras que el presidente de Renovación Nacional (RN), senador Rodrigo Galilea, hizo un largo análisis del caso en debate: “El caso Procultura, al igual que Democracia Viva y otros relacionados con diversas fundaciones, se desarrolla en un contexto absolutamente anómalo respecto a los aportes de los gobiernos regionales a instituciones vinculadas al actual Gobierno. Si se revisan los gobiernos anteriores, tanto los del presidente Piñera como los de la presidenta Bachelet, se observa que los aportes de los gobiernos regionales a entidades privadas representaban alrededor de 4% o 5% del presupuesto de cada gobierno regional. Sin embargo, esta tendencia cambia abruptamente en 2022, primer año del Gobierno del Presidente Boric, cuando los aportes a fundaciones privadas alcanzan casi una cuarta parte del total de los recursos de los gobiernos regionales”, detalló.
Incluso, agregó Galilea, en algunos casos se supera ese porcentaje, llegando a representar tres de cada diez pesos del presupuesto, lo que altera completamente la práctica histórica sobre cómo se debían utilizar estos fondos, explicó el senador de RN. “Es en este contexto que, en 2022, Procultura, entre otras fundaciones, multiplica sus ingresos de manera desbocada, lo cual despierta sospechas y da inicio a las investigaciones correspondientes” y, añade, que a partir de eso es que surge la posibilidad de un financiamiento ilegal de la política, a través de recursos públicos, tema que actualmente está siendo investigado por el fiscal Patricio Cooper.
Y concluyó sosteniendo que “es completamente legítimo que la Fiscalía y los jueces lleven a cabo investigaciones complejas. Aunque estas puedan incomodar a algunos, forman parte de las reglas del juego para asegurar el buen uso de los recursos públicos”.
UDI pide fiscal con dedicación exclusiva
En esta línea, el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Henry Leal, instó a Larraín a explicar por qué cuando asumió el actual Gobierno “aumentaron en 10 veces los recursos que su fundación recibió” y acusó al titular de la Fundación ProCultura de tratar de eludir su responsabilidad. “Él sabe que ejerció influencia, porque era amigo del Presidente, para adjudicarse montos que se multiplicaron por 10”. Y añadió que Larraín “es el mismo señor que se autoasignaba bonos de $ 20 millones con platas de ProCultura”.
Leal advirtió que los diputados gremialistas van a seguir fiscalizando, anunciando que en este contexto están pidiendo al Ministerio Público un fiscal con dedicación exclusiva a esta investigación “de ProCultura y el financiamiento ilegal de la política”, porque es relevante que se avance en esa dirección, recalcó, sellando con que “sólo falta que (Larraín) le eche la culpa a Pinochet, ese sería el broche de oro”.