Han transcurrido más de 3 meses y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República no ha avanzado en el proceso de las denuncias constitucionales contra el ex presidente Pedro Castillo.
Actualmente, hay dos denuncias constitucionales presentadas contra el ex mandatario, quien se encuentra actualmente en prisión en el penal de Barbadillo. Ambas denuncias buscan su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de 10 años.
La jueza Nayko Coronado, del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, tomó esta medida en respuesta a la solicitud del Ministerio Público.
A pesar de haber sido destituido de la Presidencia de la República por el Parlamento el 7 de diciembre de 2022, debido a un intento fallido de golpe de Estado, Castillo no tiene impedimento legal para postularse al Congreso en las elecciones del 2026. Aunque fue destituido de forma sumaria y se inició un proceso judicial en su contra, no se activó el proceso para su juicio político.
La primera denuncia constitucional fue presentada el 21 de enero por el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante. En ella, el legislador detalla que Castillo violó 29 artículos de la Constitución con el golpe de Estado, por lo que ha solicitado su inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años.
La denuncia también involucra a la ex primera ministra Betssy Chávez y a los ex ministros del Interior Willy Huerta, de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, y de Defensa Gustavo Bobbio.
Muñante señaló que actualmente Pedro Castillo y los otros implicados no tienen impedimento para participar en futuras elecciones, lo cual, según él, representa un peligro para el sistema democrático.
Por otro lado, una segunda denuncia constitucional fue presentada por el congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, el 20 de marzo de 2025 por infracción a la Constitución y por presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración.
Según el parlamentario, la imposición de la máxima sanción de inhabilitación por 10 años contra Castillo se justifica no solo por la gravedad de los hechos, sino por el cargo que ocupaba al momento de cometer el golpe de Estado.
A pesar del tiempo transcurrido, el grupo de trabajo presidido por María Acuña de Alianza para el Progreso no ha avanzado en la tramitación de ambos documentos, lo que significa que Castillo podría potencialmente postularse a un cargo público en este momento a pesar de estar detenido y siendo procesado por el delito de rebelión.
El constitucionalista y experto en temas electorales Alejandro Rospigliosi advirtió que esta demora demuestra que Castillo “todavía tiene seguidores y defensores en el Congreso”. “El riesgo es muy alto porque este señor tiene bolsillos de votantes a pesar del golpe de Estado, y si esto continúa así, él podrá postularse y tendremos al señor Castillo ocupando un escaño”, comentó.
Recordó que en la historia constitucional peruana hay antecedentes, como el político de izquierda Genaro Ledesma, quien fue elegido diputado en 1963 estando en prisión, y el actual congresista José Luna Gálvez, quien postuló estando bajo arresto domiciliario, no hizo campaña y, sin embargo, fue elegido congresista y es líder de una bancada.
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