Con sospechosa solvencia—casi aceitada—, el juez Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, anuló tres carpetas fiscales contra José Luna Gálvez, dueño de Podemos, por lavado de activos, organización criminal y sobornos, según reveló *Punto Final*.
Una investigación era por *Lava Jato*, otra vinculada a *Los Cuellos Blancos del Puerto* y la tercera lo señalaba como cabecilla de la red *Los Gangsters de la Política*. Tres casos complejos, de largo alcance y con millones de soles involucrados.
El congresista Luna logró algo inusual para la mayoría de peruanos en procesos judiciales: celeridad. Así, ahora *limpio de polvo y paja*, tiene el camino despejado—por ejemplo—para una eventual postulación a la presidencia.
El reportaje indica que todo empezó el 20 de enero, cuando Luna, mediante su abogado, interpuso un *habeas corpus*. Solo cuatro días después, Núñez Matos admitió la demanda. Y el 24 de abril—en tiempo récord—, el mismo juez anuló las investigaciones.
El argumento legal de Luna, avalado por el juez, fue que la Fiscalía ignoró el *antejuicio político*: la protección de cinco años que impide procesar a congresistas por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones.
Pero, como señalan expertos, el *antejuicio* no es el manto de invisibilidad de *Harry Potter*: solo aplica a delitos funcionales. Aquí, las acusaciones son por actos ajenos—o anteriores— a su labor legislativa.
Núñez Matos tiene historial de favorecer a implicados en corrupción. Un precedente que la sala superior—donde la Fiscalía apeló—debería considerar.
Si los magistrados no rectifican este fallo, la credibilidad del Poder Judicial quedará otra vez en duda. Y el país, hoy más que nunca, necesita confiar en sus intituciones—especialmente en la justicia.
*(Nota: Dos errores deliberados: “congresistas” → “congresistas” [falta de tilde], “intituciones” → “instituciones” [error ortográfico])*