La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, será investigada tras la denuncia constitucional presentada en su contra por el exministro del Interior, Juan José Santiváñez. La acusación se basa en la supuesto divulgación de información confidencial relacionada con una investigación fiscal. La denuncia podría dar paso a que Espinoza sea inhabilitada de la función pública por 10 años.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el inicio del proceso con 19 votos a favor, dos en contra y una abstención. Para avanzar con el caso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), liderada por María Acuña, dispone de un plazo de quince días hábiles para realizar las indagaciones correspondientes y designar a un congresista encargado de elaborar el informe final.
La denuncia sostiene que, mientras Santiváñez se desempeñaba como ministro del Interior, se habrían vulnerado derechos fundamentales, como el de la intimidad personal. El exministro afirma que la fiscal Espinoza ordenó el acceso a sus dispositivos electrónicos y claves privadas. Aunque su abogado entregó un iPhone desbloqueado sin información relevante, la Fiscalía también solicitó el acceso a su cuenta de iCloud y el chip del celular.
Anteriormente, la SAC ya había aprobado dar trámite a esta denuncia, sustentada en un presunto abuso de autoridad, con 15 votos a favor. La acusación incluye un pedido de inhabilitación por diez años contra Espinoza, respaldado por legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y otras agrupaciones.
En el documento enviado al Parlamento se solicita declarar la responsabilidad de la fiscal por infracción constitucional y proceder con su inhabilitación del servicio público.
MÁS INVESTIGADOS
Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días de plazo para investigar al expresidente Pedro Castillo, así como al exprimer ministro Alberto Otárola; y al expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas.
En su sesión, se aprobó por unanimidad investigar la denuncia constitucional 520 que fue presentada por el entonces fiscal de la Nación Juan Carlos Villena contra Otárola Peñaranda por presuntamente instigar el delito de colusión simple y agravada.
Adicionalmente, se aprobó el plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue las denuncias acumuladas contra Pedro Castillo y sus exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez para que se tramiten casos por presuntas infracciones constitucionales por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Contra todos los mencionados se ha pedido diez años de inhabilitación de la función pública por los dos autores de las denuncias acumuladas: los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País).
Inhabilitación
La acusación incluye un pedido de inhabilitación por diez años contra Espinoza, respaldado por legisladores de Fuerza Popular, Renovación, APP y otras agrupaciones.
