La Mesa Directiva del Congreso de la República acordó suspender los beneficios otorgados a Ollanta Humala, en su condición de expresidente, tras la condena de 15 años de prisión que se le impuso por el presunto delito de lavado de activos, en su modalidad agravada, en perjuicio del Estado, a raíz de los presuntos aportes ilegales provenientes de Venezuela y las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar sus campañas presidenciales de los años 2006 y 2011.
La medida fue adoptada en atención al acuerdo 078-2016–2017 / MESA–CR, así como los informes del Departamento de Recursos Humanos y a un informe del Área de Asesoría Jurídica de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.
La Mesa Directiva del Congreso de la Republica acordó suspender el apoyo logístico y de personal que se brinda al expresidente de la República, Ollanta Humala, referidos especificamente al préstamo de un vehículo, la dotación de combustible y la asignación de una persona en la modalidad C.A.S, autorizados al amparo del Acuerdo 078-2016–2017/MESA–CR.
“Dada la situacion del expresidente Ollanta Moisés Humala Tasso, quien viene cumpliendo prisión efectiva, la Mesa Directiva tiene la facultad de suspender o cancelar los beneficios otorgados a los expresidentes de la República mediante el citado Acuerdo de Mesa, por cuanto los mismos fueron concedidos a título de liberalidad”, se establece en dicho acuerdo al que tuvo acceso RPP.
Esta decisión no interrumpe el pago de la pensión vitalicia de Ollanta Humala como jefe de Estado, pues según el citado acuerdo, dicho beneficio no está regulado en un acuerdo del Congreso de la República sino en una Ley, en alusión a la Ley 26519.
El expresidente Ollanta Humala cumple su condena en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, donde deberá esperar a que se resuelva el recurso de apelación que presentó para que se revoque dicha sentencia y se disponga su absolución en este caso.
Culpable
Como se sabe, Ollanta Humala fue hallado culpable por el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, liderado por la jueza Nayko Coronado, de recibir aportes ilegales por parte de Venezuela y Odebrecht para las campañas de 2006 y 2011.
