Crítica al sistima judicial por no sancionar hasta ahora a exfuncionarios involucrados
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a rechazar categóricamente cualquier posibilidad de que la Municipalidad capitalina pague al consorcio Rutas de Lima, a pesar de los laudos arbitrales que obligan a la comuna a desembolsar alrededor de 200 millones de dólares.
Para el burgomaestre, el contrato que dio origen a la concesión está manchado por la corrupcion.
“Yo no voy a pagar a corruptos”, sostuvo el alcalde, en alusión directa al acuerdo suscrito en 2013 durante la administración de la exalcaldesa Susana Villarán. También cuestionó la lentitud del sistema judicial para procesar los presuntos delitos cometidos por antiguos funcionarios.
LAUDOS ARBITRALES
El pasado 24 de junio, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (EE.UU.) ratificó dos laudos que ya habían sido emitidos a favor del consorcio. Esto reafirma la obligación legal de Lima de cumplir con el contrato suscrito hace más de una década.
La estrategia legal del municipio alegó que el convenio debía considerarse inválido por haber estado vinculado a actos de corrupcion de la empresa Odebrecht, una de las firmas que integraban originalmente el consorcio. Sin embargo, los tribunales concluyeron que no existen pruebas directas que demuestren que esos pagos irregulares influyeron en la adjudicación del proyecto.
DESDE 2017
La disputa legal comenzó cuando la Municipalidad impidió la instalación de un nuevo peaje en una vía concesionada, lo que fue interpretado por Rutas de Lima como una violación del contrato. Esa acción dio pie a dos procesos arbitrales bajo el reglamento de la Uncitral, en Washington D.C.
Hoy en día, el consorcio está bajo el control de Brookfield Infrastructure, firma que no solo ha iniciado un tercer arbitraje contra Lima, sino que también ha demandado al Estado peruano ante el Ciadi por una presunta expropiación, exigiendo una compensación de 2.700 millones de dólares.
CONTRATO
A pesar de los reiterados cuestionamientos al contrato firmado en 2013 y de su vinculación al escándalo Odebrecht, los tribunales internacionales han validado su legitimidad. Según sus decisiones, las evidencias presentadas no son suficientes para declarar nula la concesión.
El caso sigue generando controversia en el ámbito político y jurídico, mientras el alcalde López Aliaga mantiene su posición de no reconocer el pago ordenado por las instancias arbitrales.