El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Rafael López Aliaga, puso en jaque al premier Eduardo Arana y le exigió implementar el «Plan Inmediato de Seguridad Ciudadana», que presentó, todo ello en el marco del voto de confianza que deberá solicitar el jefe de gabinete al Congreso.
El jueves a través de una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, el burgomaestre manifestó que su pedido lo hace en su calidad como ciudadano peruano. En tal sentido, precisa que la instauración de su propuesta debe ser con cargo al nuevo Crédito Suplementario.
«Como ciudadano de la República del Perú le exijo al señor premier la inmediata implementación de los nueve puntos de este plan, con cargo al nuevo Crédito Suplementario, que deberá ser exclusivo para Seguridad Ciudadana Nacional», indica la descripción de su comunicado.
El primer punto sugiere que los delincuentes de alta peligrosidad sean trasladados a las cárceles Cecot de El Salvador, conocidas por su régimen estricto. Esta medida requeriría acuerdos internacionales.
En el segundo punto, Rafael López Aliaga plantea una “reforma total” del Poder Judicial y del Ministerio Público. Aunque no ofrece detalles técnicos, propone una reestructuración radical como respuesta a la impunidad en el sistema judicial.
El tercer punto propone que el orden interno del país pase a estar bajo el control del Ejército. Esto implicaría un cambio constitucional significativo, ya que actualmente esta función recae exclusivamente en la Policía Nacional del Perú (PNP).
Como cuarto punto, el alcalde de Lima pide que se apruebe con urgencia una nueva figura penal: el delito de terrorismo urbano. Además, solicita que el Congreso delegue facultades legislativas para acelerar esta medida.
El plan también incluye equipamiento de alta tecnología para potenciar la inteligencia policial y militar. Entre las herramientas propuestas están drones, cámaras, interceptación de comunicaciones y una central de recompensas.
En el sexto punto, el burgomaestre plantea la implementación de grilletes electrónicos para extranjeros no registrados y personas con delitos menores. Según él, esta medida permitirá monitorear sus movimientos y prevenir nuevos crímenes.
También sugiere sancionar a los gerentes de empresas de telefonía que no den de baja celulares robados. Para López Aliaga, este tipo de omisión permite que los delincuentes sigan operando desde la clandestinidad.
El octavo punto busca promover el servicio militar voluntario con incentivos como Beca 18, acceso a carrera militar y trabajo en obras del Ejército. La iniciativa apunta a canalizar a jóvenes en riesgo hacia rutas productivas.
Finalmente, el noveno punto busca liberar a la Policía de tareas administrativas o vigilancia de fronteras. El objetivo es reforzar la presencia policial en las calles, donde se percibe el mayor impacto del crimen organizado.
REUNIÓN
Hace una semana López Aliaga, instó al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, a reconocer que el Perú atraviesa una guerra interna marcada por la expansión del terrorismo urbano, manifestado en la extorsión y el sicariato.
El burgomaestre afirmó que este será el primer tema que abordará en su próxima reunión con el premier, y recalcó que si no se asume esta realidad, no habrá voto de confianza desde su posición política, por lo que la aplicación de este plan estaría condicionado al otorgamiento del voto de confianza de la bancada de Renovación Popular que lidera el alcalde de Lima.
Terrorismo urbano
Como cuarto punto, el alcalde de Lima pide que se apruebe con urgencia una nueva figura penal: el delito de terrorismo urbano. Además, solicita que el Congreso delegue facultades legislativas para acelerar esta medida.
