El congresista José Jerí de Somos Perú, quien es oficialmente uno de los principales voceados para presidir el Parlamento, carga un historial que pone en entredicho su hoja de vida. ¿Es el candidato idóneo a la Mesa Directiva?
Tal como ya lo había contado Perú21 la semana pasada, el legislador ha sido oficializado por su bancada como la figura que liderará la lista que busca la presidencia para el periodo 2025-2025. Lo cierto es que ha sido vinculado con al menos 2 denuncias graves que saltan del terreno político al penal.
La primera acusación, presentada en enero de 2025, señala a Jerí por presunta violación sexual durante una fiesta de Año Nuevo en una casa de campo en Canta. La denuncia fue admitida por el Juzgado Civil de Canta, que ordenó medidas de protección para la presunta agraviada y mandó someter a Jerí a tratamiento psicológico por impulsividad y conducta sexual patológica, tal como se muestra en el documento a continuación. Pese a ello, y pese a ser suspendido por su partido, el legislador nunca cumplió con el tratamiento ordenado.
De ello se desprende una disposición firmada por la fiscal de la Nación Delia Espinoza por el delito de desobediencia a la autoridad. El documento revisado por Perú21 señala que, a pesar de la orden emitida en enero, Jerí ignoró durante más de cinco meses la obligación de acudir a citas psicológicas y reeducativas —un incumplimiento que podría ser considerado delito penal, según el artículo 368 del Código Penal.
Al respecto, Ricardo Caldas, abogado del congresista José Jerí, aseguró a Perú21 que esta derivación de la fiscalía de la Nación a la penal no existe incumplimiento, pues asegura que el juzgado Civil de Canta carecía de competencias cuando dictó las medidas.
“Esto (las pesquisas fiscales) empieza el 30 de diciembre en la Fiscalía de Huaral. La Fiscalía de Canta declina competencia y el 1 de enero la Fiscalía Suprema de Familia, que está en Lima, asume el caso y esta nunca solicitó medidas de protección al juzgado. Las medidas fueron dictadas por el juzgado civil de Canta el 15 de enero, pero en esa fecha Canta ya no tenía competencia sobre el caso. Por tanto, no existe obligación legal vigente que mi patrocinado haya incumplido”.
El presidente de Ética, con el respaldo de 10 legisladores, decidió que no se inicie indagación preliminar.
Además, aseguró a este diario que el plazo de investigación venció el 30 de junio y que presentaría un escrito solicitando un pronunciamiento al Juzgado, proceso que según mencionó se encuentra en trámite.
“Han pasado 24 días al día de hoy y hasta ahora no se nos ha dado respuesta sobre el resultado de esas diligencias. Mi patrocinado ha sido absolutament respetuoso del proceso y confiamos en que la Fiscalía resolverá el caso conforme a derecho”, añadió.
Ahora las pesquisas son lideradas por la Segunda Fiscalía Suprema a cargo de Zoraida Ávalos, quien fue restituida luego de que Jerí, aún congresista, votara por su inhabilitación en 2023.
El tercer frente judicial lo compone una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito expuesta por ‘Milagros Leiva, entrevista’: mientras que en 2021 su declaración de bienes reportaba solo dos vehículos por un total de S/ 97 000, para 2024 habría adquirido propiedades por más de un millón de soles, incluyendo un dúplex en Jesús María, estacionamientos, depósitos, un terreno y una camioneta.
Al respecto, Caldas mencionó que tanto esta denuncia como la anterior fueron puestas el mismo día por la misma persona.
“Las presentó un ciudadano que vive en Ica, que el numero de teléfono que consigna no existe, elcorreo electrónico que consignó tampoco existe y que casualmente parece que no es la primera denuncia que este señor pone contra algúnn funcionario o autoridad”, indicó a Perú21.
A pesar del cúmulo de denuncias, Jerí no sólo no ha renunciado a sus aspiraciones dentro del Congreso. Desde su defensa, argumenta que las pericias biológicas lo favorecen, niega cualquier irregularidad en su crecimiento patrimonial y afirma que se trata de una campaña de desprestigio debido a su proyección parlamentaria.
Como se recuerda, la comisión de Ética del Congreso, con el visto bueno de diez de los integrantes de ese grupo, decidió en Febrero que no se vote el inicio de una indagación preliminar contra el congresista por el caso de abuso sexual.
Los diez congresistas que respaldaron la decisión del titular de Ética fueron: Rosangella Barbarán, Cruz Zeta y Héctor Ventura, de Fuerza Popular; Nelcy Heindinger y Jorge Marticorena, de APP; Esdras Medina, de Renovación Popular; Kira Alcarraz, de Podemos; Elvis Vergara, de Acción Popular; Margot Palacios, no agrupada; y Kelly Portalatino, de Perú Libre.
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