A una semana de que la Contraloría General de la República (CGR) entregara un informe donde consolidó las auditorías entre abril de 2024 y marzo del 2025, detectando irregularidades en el sector público por un monto total de US$ 1.600 millones, el Gobierno salió a aclarar este jueves las cifras, además de anunciar medidas para aumentar el control financiero dentro del aparato estatal.
En conferencia de prensa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, explicaron que los hallazgos del órgano encabezado por Dorothy Pérez no significan que haya US$ 1.600 millones “perdidos” o “defraudados” en el sector público, sino que la entidad consolida dicho monto como recursos que han sido objetados o que requieren de una mayor explicación de parte de los organismos estatales.
También, las autoridades detallaron que el monto acumulado se relaciona con las auditorías realizadas por Contraloría ex post, algunas que datan desde años anteriores, lo que no significan que los montos detectados sin explicaciones suficientes se hayan generado en hechos acontecidos entre el primero de abril de 2024 y el 31 de marzo de este año.
Por ejemplo, detallaron que los gastos observados por el ente de control comenzaron a aumentar a partir del 2017, alcanzando un peak de cerca de $ 5.500.000 millones en 2021, reduciéndose a cerca de $ 1.500.000 millones el 2024.
De hecho, Marcel y Martínez detallaron que el informe de Contraloría no incorpora las respuestas que entregaron los servicios públicos a los hallazgos de las auditorías. Donde sí está esa información es en el reporte que elaboró el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno (Caigg), que está alojado en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y que recopila información proveniente de la red de auditores internos de las reparticiones públicas.
Asimismo, se explicó que un tercio de las fiscalizaciones de la Contraloría pertenecen a municipalidades y gobiernos regionales, mientras que del porcentaje restante, un 20% corresponde a instituciones que cuentan con sistemas de control distintos de los servicios públicos, como fuerzas armadas y policías, empresas públicas y universidades.
Plan de medidas
Otra cifra que entregó Hacienda es que los gastos observados por la Contraloría corresponden a diversas materias, como errores contables, garantías vencidas, conciliaciones bancarias desactualizadas, o deudas sin cobranza.
Por ejemplo, el 24% de los montos de las fiscalizaciones corresponden a incumplimientos de normas contables y/o presupuestarias, como sobreestimación o subestimación de ingresos; falta de análisis de cuentas; o incumplimientos en el devengo de recursos.
Un 22% se relaciona a falencias en el cumplimiento de contratos, como modificaciones no justificadas; incumplimientos contractuales; falta de supervisión; o garantías vencidas o no presentadas.
Mientras que otro 21% del total se relaciona con deficiencias en rendición de cuentas, como falta de control y revisión; rendiciones incompletas o ausentes; o transferencias a entidades con saldos pendientes.
“En consecuencia, las cifras agregadas en pesos no corresponden a fondos públicos perdidos o defraudados. (…) No son recursos perdidos, sino que son recursos objeto de observación de parte de la Contraloría”, dijo el ministro. Inclusive, agregó que apenas un 2,6% del monto total observado fue objeto de reparos, acreditación o restitución de los recursos.
De esta manera, Hacienda y Dipres entregaron medidas adicionales para fortalecer el control en el sector público.
Un primer ítem se relaciona con reactivar o empujar proyectos de ley en tramitación, como concluir la tramitación del proyecto que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (Saigg), esperando que se despache del Congreso en julio; reactivar el proyecto de Regiones Más Fuertes, que mejora los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para los Gobiernos Regionales; y el fortalecimiento de Contraloría, donde Marcel dijo que se están analizando las propuestas entregadas por Pérez a fines de mayo.
“El Gobierno está analizando las propuestas de la Contraloría y dará una respuesta en las próximas semanas”, adelantó el secretario de Estado.
El segundo eje implica fortalecer el vínculo entre los informes de la CGR y las respuestas de los servicios públicos, por lo que se le encargará al Saigg -una vez que se apruebe su creación- que desarrolle una plataforma digital que permita relacionar recomendaciones y observaciones de auditorías internas y externas a las respuestas de cada servicio; desarrollar sistemas dentro del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) para monitorear, informar y medir desempeño en la respuesta a observaciones de fiscalización; e incorporar una mayor diligencia en respuesta a acciones de fiscalización dentro de los convenios de desempeño de los jefes de servicios públicos.
Debate por contribuciones
El ministro de Hacienda también volvió a abordar la discutión sobre las contribuciones de bienes raíces, luego de que el Ejecutivo anunciara que ingresará en julio un proyecto de ley al Congreso para ampliar la exención que hoy beneficia a los adultos mayores.
El secretario de Estado se refirió a la propuesta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que busca eximir a la primera vivienda del pago del gravamen.
Primero, Marcel partió señalando que se referirá a la materia debido a que es una propuesta de un partido político y no de una candidatura presidencial, para evitar suspicacias por su relación con la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.
A continuación, el titular de Hacienda enfatizó que eximir a la primera vivienda podría terminar beneficiando de manera importante a los inmuebles de contribuyentes en comunas de altos ingresos, como Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes.
Por ejemplo, estimó que en promedio una persona en Lo Barnechea recibirá un beneficio anual de $ 3,3 millones en el pago de contribuciones al eximir a la primera vivienda; en el caso de Vitacura, dicho monto alcanzaría a $ 2,2 millones al año promedio por individuo; ¿y en Las Condes? $ 1,2 millones de descuento por persona por ejercicio.
“¿Quiénes terminarán pagando esos beneficios? Lo pagarán no las municipalidades, sino las comunas pobres del país a través de las contribuciones”, fundamentó Marcel.
Asimismo, argumentó que será “muy fácil eludir” el impuesto si se incorpora una exención así, porque muchas personas podrían dividir la titularidad de las propiedades entre sus familiares, para que a cada uno se le registre una segunda vivienda como su primera propiedad y, en efecto, eximir al inmueble del tributo territorial.