Luis Larraín
En el año 2014, una comisión de expertos designada por el Presidente Piñera entregó una propuesta para actualizar la metodología de medición de la pobreza diseñada en 1987. Fui uno de los nominados, quizas porque en 1987 en Odeplan supervisé el trabajo de un equipo dirigido por Ema Budinich y académicos de la Universidad de Chile del diseño y levantamiento de información de la encuesta de hogares más grande del país hasta la fecha: la Casen. El instrumento debia tener significancia a nivel de cada región y ha sido clave para formular la política social de allí en adelante y para medir la pobreza de ingresos, tarea en la que participó también la Cepal.
El cambio metodológico más relevante que recomendó la comisión de 2014 fue incorporar el concepto de pobreza multidimensional que vino a sumarse al criterio de medición de la pobreza por ingresos que definía una línea de pobreza. Las dimensiones consideradas, con varios indicadores para cada una, fueron educación, salud, trabajo y previsión social, vivienda, y redes y cohesión social. Además, en aquella oportunidad se actualizó la canasta base para medir la línea de pobreza y se recomendó la actualización cada 10 años de la metodología de medición de la pobreza.
“Con este informe aumenta el desafío de la pobreza para Chile. Solo mayor crecimiento económico y creación de empleos nos harán progresar en los próximos años”.
El Gobierno del Presidente Boric recogió esa recomendación y designó una comisión presidida por el economista Osvaldo Larrañaga, integrada entre otros por la economista de LyD Paulina Henoch. La recomendación de la nueva comisión elevó sustancialmente las exigencias para superar la línea de la pobreza, hasta el punto de que la medición realizada con datos de la Casen 2022, que arrojaba un porcentaje de la población de solo 6,5% en condición de pobreza, al ser recalculada con los nuevos estándares ahora subiría a 22,3%.
Algunos de los ajustes recomendados, que en buena medida determinan el aumento del porcentaje de pobreza, tienen que ver con la canasta. Se utilizan los montos declarados en la EPF (encuesta de presupuestos familiares) de 2017 que actualiza patrones de consumo. Para la canasta básica de alimentos se recomiendan modificaciones más de fondo cambiando el criterio de calorías por uno con menor consumo de alimentos ultraprocesados, compatible con una dieta más saludable. Otro cambio importante es el abandono del concepto de alquiler imputado, que incorporaba un ingreso virtual a personas propietarias de vivienda para no distorsionar su ingreso en relación con los arrendatarios. El aumento de los precios de la vivienda y arriendos ha hecho subir mucho esa imputación, llevando a subestimar la pobreza. Se reemplazó el alquiler imputado por una medición distinta de la línea de pobreza para arrendatarios ($ 347.000) de aquella para los propietarios que no pagan arriendo ($ 223.000).
Con este informe aumenta el desafío de la pobreza para Chile. Solo mayor crecimiento económico y creación de empleos nos harán progresar en los próximos años. Cabe también un cuestionamiento a los cientos de programas sociales que existen y constatar que llegó el momento de estudiar en serio una política de subsidio monetario basada en el concepto de Impuesto Negativo al Ingreso.
Por último, se ha criticado la decisión del Gobierno de postergar la entrega de resultados de la Casen 2024 para después de las elecciones. Se sospecha que prima el temor del efecto sobre las elecciones a disponer ya de herramientas para combatir la pobreza.