La Contraloría General de la República es una institución de gran envergadura con la misión de dificultar la labor de aquellos que quieren hacer las cosas correctamente. En un momento en el que el país necesita dinamismo, inversión y eficiencia en la ejecución, la Contraloría impone trámites obsoletos, solicita documentación absurda y paraliza decisiones con auditorías mal realizadas, poco profesionales y sin fundamento. Todo esto tiene un costo actual de 1,000 millones de soles al año.
No estamos exagerando. Estamos financiando una entidad que solicita copias legalizadas y documentos físicos para procesar información que ya tiene en su poder. Condiciona el inicio de investigaciones a requisitos formales irrelevantes. Convierte el control en pura burocracia, desconectada de cualquier noción moderna de eficiencia y de la realidad.
El problema es profundo. Desde 2010, la Contraloría ha presentado 4,669 denuncias por presuntos actos de corrupción. Menos del 0.2% ha terminado en sentencia. La mitad de las denuncias fueron archivadas. La otra mitad sigue estancada en etapas previas, arruinando la vida profesional de funcionarios inocentes mientras los verdaderos corruptos evaden el sistema. ¿Quién paga por tanta ineficiencia? Ellos no, pero deberían asumir responsabilidad personal con su patrimonio para demostrar seriedad y profesionalismo en su trabajo.
La lógica es clara: si algo se mueve, audítalo. Si no se entiende su funcionamiento, denúncialo. Y si todo sale mal, si la obra se paraliza y los funcionarios sufren durante 4 o 6 años, no importa, no es problema de la Contraloría ni su responsabilidad. Así es como operan.
Lo peor es que nadie los supervisa. Deberían ser sometidos a evaluación para demostrar su eficiencia. La Contraloría se escuda en su autonomía para evitar cualquier rendición de cuentas y evaluación. ¿Quién audita al auditor? Nadie.
El colmo es que, después de años de ineficiencia y escándalos, su respuesta no ha sido la reforma, sino el chantaje presupuestal. Hoy, el nuevo contralor advierte que si el Ministerio de Economía y Finanzas no aprueba un refuerzo presupuestal de S/276.4 millones, la entidad deberá prescindir de más de 5,000 trabajadores, reduciendo su capacidad operativa a la mitad.
Deberían reducirse al mínimo, el contralor y el personal de limpieza, así serían más eficientes. Mientras piden más presupuesto, el número de obras paralizadas en el país sigue aumentando: en marzo de 2025 ya suman 2,572 obras por más de S/43,163 millones, el 71.8% bajo responsabilidad de gobiernos locales.
¿Quién se beneficia de este esquema? Nadie. Pero todos los ciudadanos resultan perjudicados al ver cómo sus obras se detienen. Los buenos funcionarios viven bajo la amenaza constante de ser denunciados y muchos prefieren no actuar. Mientras tanto, el Estado derrocha tiempo y dinero en procedimientos que no resuelven nada.
El Perú necesita control, sí. Pero un control eficiente, técnico, moderno, y sobre todo profesional y responsable.
Mientras no se obtengan resultados concretos, mientras no se asuman responsabilidades por los daños causados, mientras el país continúe pagando por informes inútiles y burocracia desbordada, la conclusión es una sola: la Contraloría no debe reformarse, sino desaparecer junto con el Ministerio de Trabajo.