El río Rímac, principal fuente de agua potable para Lima y Callao, enfrenta una grave crisis ambiental. Desde diversas regiones del país, representantes comunitarios denuncian la grave contaminación de las fuentes hídricas en el país.
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú considera que con esta ley se otorgará más presupuesto a las municipalidades con serios problemas de ejecución de gastos.
En la cuenca alta del Rímac, en San Mateo de Huanchor (Huarochirí), análisis químicos recientes revelaron niveles de arsénico 203 veces por encima de los estándares de calidad ambiental, además de plomo, cobre y cadmio.
Las denuncias se hicieron públicas tras la clausura del IV Encuentro Internacional y I Congreso Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios, organizado por la Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios del Perú.
Mauro Lalangui, presidente de la Coordinadora Nacional, advirtió que la contaminación de fuentes hídricas por la actividad minera —formal, informal e ilegal— se ha agravado sin respuesta estatal. Según reportó, hay más de 6.000 pasivos ambientales mineros registrados por el Ministerio de Energía y Minas, sin contar los no documentados. A esto se suma la alarmante cifra de 58 defensores ambientales asesinados entre 2012 y 2023, en su mayoría en total impunidad.
Además, el presidente de la junta denunció la criminalización de los vigilantes ambientales y el debilitamiento de instituciones clave como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
CONTAMINACIÓN
Betzabé Vásquez, representante de la Coordinadora Nacional y comunera del distrito de San Mateo de Huanchor, denunció que el río Rímac presenta niveles de arsénico 203 veces por encima del límite permitido, además de plomo, cobre y cadmio. Pese a haber entregado estos resultados al Congreso, no se han tomado medidas, por lo que exigen declarar el río en emergencia ambiental. “Hasta la presidenta está tomando hoy agua con metaloides”, advirtió.
Victoria Fernández, monitora ambiental de Santiago de Chuco (La Libertad) y vocera de la Coordinadora, enfatizó la urgencia de proteger cabeceras de cuenca, lagunas, ríos y ecosistemas frágiles mediante su reconocimiento como sujetos de derecho y zonas protegidas. Recordó que el derecho a un ambiente sano está consagrado en la Constitución, pero lamentó que en la práctica no se garantice. También exigió la remediación de los pasivos mineros y el reconocimiento oficial de los vigilantes comunitarios como parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
PROPUESTAS
Alan Contreras, vicepresidente de la Coordinadora, señaló que los monitores ambientales trabajan de forma voluntaria, sin remuneración, alertando sobre la contaminación de fuentes de agua y otros impactos ambientales. Explicó que la organización está estructurada en comités regionales y macroregionales, y actualmente se encuentra en proceso de formalización legal para fortalecer su capacidad de acción. Su objetivo es prevenir daños y proteger zonas afectadas por actividades extractivas, incluyendo minería formal, informal e ilegal, así como explotación petrolera.
Durante el encuentro, los participantes también denunciaron la ausencia de educación ambiental y la proliferación de basurales y desagües que agravan la contaminación de los ríos. Vásquez recordó que, pese a que el río Rímac abastece de agua a la capital, las autoridades no han atendido las demandas de las comunidades. “Si a nosotros, que estamos en la capital, no nos hacen caso, ¿cómo será para quienes viven más lejos?”, cuestionó.
Entre las propuestas de la Coordinadora destaca la creación de un sistema de alerta temprana para detectar impactos ambientales, además de políticas públicas que garanticen acceso a agua limpia y alimentación libre de tóxicos. Los representantes exigieron respuestas inmediatas y medidas concretas en favor de las poblaciones afectadas.
El IV Encuentro Internacional y I Congreso Nacional ambiental, que reunió a delegados de países como Alemania, Bolivia, Colombia, Argentina, Ecuador, México, Guatemala y El Salvador, además de representantes de regiones peruanas como Puno, Apurímac, Ayacucho, Junín, Piura, Lima, Cusco, Cajamarca y La Libertad, concluyó con un compromiso colectivo de continuar la lucha por la defensa del agua, la vida y los derechos ambientales, así como la elaboración de un pronunciamiento conjunto para visibilizar sus demandas. Además, los participantes no descartan realizar movilizaciones para insistir en sus exigencias y presionar al Estado peruano y organismos ambientales.
VIDEO RECOMENDADO: