Tras la insólita fuga de un recluso del penal de Lurigancho, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque Moya, acudió al establecimiento penitenciario y aseguró que el hecho es un caso aislado que no volverá a repetirse.
“Garantizamos ante los ciudadanos que este hecho no se volverá a repetir en este penal. La última fuga, como ha dicho el señor ministro, fue en el 2017. Hace ocho años que no ocurría un hecho similar”, declaró a los medios.
El establecimiento penitenciario de la capital limeña tiene un hacinamiento del 200% y más de 9 mil reos.
El titular del INPE reconoció que el incidente revela una falla en los protocolos de seguridad. “Seguramente hubo un error. Se está investigando, pero ya hemos adoptado las medidas correctivas”, añadió. En paralelo, el viceministro de Justicia, Juan Alcántara Medrano, también se hizo presente en el lugar y confirmó el inicio de las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades.
¿CÓMO FUE LA FUGA?
El hecho se produjo el lunes 21 de abril a las 19:30 horas, cuando el interno John Kennedy Javier Sebastián, del pabellón 10, burló los controles de seguridad durante el preencierro. Según informó el INPE, en un comunicado oficial, el recluso escaló la malla de seguridad, cruzó el área conocida como “tierra de nadie” y logró trepar el muro perimétrico, escapando mientras profería arengas religiosas como “¡Aleluya, Cristo vive!”. El suceso fue registrado por vecinos de la zona.
Como parte de las acciones inmediatas, el Inpe dispuso la remoción del director del penal de Lurigancho y el relevo del personal de seguridad implicado. Además, se ha reforzado la vigilancia interna y externa del recinto penitenciario. La Oficina de Asuntos Internos ha asumido la investigación para establecer responsabilidades administrativas y disciplinarias.
Este incidente ha puesto en tela de juicio los actuales protocolos de seguridad en los penales de máxima población del país y ha reabierto el debate sobre la necesidad de modernizar los sistemas de vigilancia penitenciaria.
El INPE ordenó la remoción del director del penal, el relevo del personal de seguridad involucrado y el reforzamiento de la seguridad interna y externa.
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