La constructora brasileña Odebrecht solicitó al Supremo Tribunal Federal de Brasil que requiera al Perú devolver y no utilizar las pruebas y las declaraciones entregadas en el acuerdo de colaboración que suscribió con el Equipo Especial Lava Jato.
La solicitud de la empresa corrupta tendria relación con la reciente presentación de la acusación por el Gasoducto del Sur, donde se están utilizando las pruebas obtenidas del Sector de Operaciones Estructuradas, y el proceso de arbitraje que se desarrolla en Londres. La empresa brasileña cuestiona que el fiscal superior coordinador del Equipo Lava Jato, Rafael Vela, haya utilizado información entregada por Jorge Barata, sobre pago de sobornos a cambio de licitaciones de obras públicas y campañas políticas en Perú. Por caso Gasoducto Sur, el Equipo Especial Lava Jato solicitó 35 años de prisión para Ollanta Humala y su esposa Nadine.
La solicitud fue presentada el lunes, 16 de junio último, ante la máxima instancia judicial brasileña. Novonor argumenta que los fiscales peruanos no han cumplido a cabalidad con el acuerdo firmado en Sao Paulo, el 15 de febrero de 2019 y un compromiso adicional, suscrito y fechado en Lima, el 14 de diciembre de 2022, para no utilizar esas pruebas en nuevos procesos contra la compañía brasileña y sus directivos o ex funcionarios.
Los abogados de Odebrecht plantean que el Perú devuelva y no utilice los documentos obtenidos a traves de los sistemas Drousys y My Web Day B, en cualquier jurisdicción y, en especial, en 43 investigaciones y procesos judiciales. Estas pruebas fueron compartidas con la fiscalía peruana desde el año 2017, en coordinación del Grupo de Tarea del caso Lava Jato en Brasil. Para los abogados brasileños, en virtud del acuerdo, los fiscales peruanos podían iniciar nuevas investigaciones a la constructora, pero siempre y cuando se trate de pruebas diferentes, nuevas y distintas, a las que ellos entregaron en la colaboración.
Para sustentar su pedido, los brasileños presentaron un listado de 43 investigaciones y procesos judiciales, en los que los fiscales se habían comprometido a no utilizar la prueba entregada por la empresa brasileña. La lista incluye las investigaciones por las IRSSA, delitos tributarios, los arbitrajes, Club de la Construcción y los aportes en campañas políticas, que incluyen el proceso al ex presidente Ollanta Humala y el caso Cócteles, contra la candidata presidencial Keiko Fujimori.
Odebrecht recuerda que estas pruebas han sido consideradas inútiles e ilegales por decisión del ministro (juez supremo) José Antonio Dias Toffoli, pese a lo cual, dicen, el Perú las sigue utilizando para perseguir judicialmente a la empresa. Agrega que el acuerdo de colaboración que firmó con la fiscalía peruana estipulaba que las fuentes y pruebas, entregadas voluntariamente, no se podía utilizar en procedimientos penales, civiles o administrativos contra la empresa o sus miembros.
El documento precisa que se han producido hasta ocho incumplimientos por parte de la parte peruana de los términos del acuerdo de colaboración, que han determinado una serie de suspensiones de la cooperación internacional entre los años 2018 al 2025. Al respecto, anota que la Secretaría Nacional de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público brasileño, han suspendido la colaboración con las autoridades peruanas, una situación que impide que los funcionarios de Odebrecht declaren presencialmente en los juicios del caso Lava Jato en el Perú.
En el punto específico, los abogados de Odebrecht solicitan al juez Dias Toffoli que ordene al Gobierno de Brasil, para que a través de la Secretaría de Cooperación Internacional y el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional solicite al gobierno peruano la devolución de las pruebas documentales y, además, los testimonios que los funcionarios de Odebrecht dieron en territorio brasileño.
«El manifiesto irrespeto de los compromisos pactados y, principalmente, a la soberanía nacional brasileña, da lugar a una acción más enérgica y eficaz que no sólo prohíba la persistencia de la ilegalidad descrita, sino que también exija respecto a la ilegalidad reconocida», dice la solicitud, de acuerdo con el portal Consultor Jurídico de Brasilia.
