Estimado Director:
La Ley 21.663 sobre ciberseguridad introdujo cambios significativos, obligando a empresas de servicios esenciales y operadores críticos a cumplir con altos estándares de prevención y respuesta ante incidentes. Su implementación ha sido un avance importante, pero aún presenta desafíos que demandan el compromiso de todos los actores.
Las compañías deben evaluar sus procesos, identificar vulnerabilidades y desarrollar estrategias de mitigación. La nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad juega un papel clave como fiscalizadora y promotora de la ley, colaborando con las empresas para garantizar "la protección, promoción y respeto del derecho a la seguridad informática".
Un reto crucial será cómo la normativa y los involucrados se adaptan a la rápida evolución tecnológica y la creciente sofisticación del cibercrimen, requiriendo mejoras continuas en los sistemas de prevención.
Magdalena Fabres
Abogada, Estudio Jurídico Arteaga & Gorziglia