El expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, llegaron a establecer hasta cinco acuerdos ilícitos con Odebrecht relacionados al proyecto Gasoducto Sur, generando un perjuicio al Estado peruano de más de US$ 200 millones. Esa es la tesis central por la que la fiscal Geovana Mori, del Equipo Especial Lava Jato, los sindica del presunto delito de colusión dentro su requerimiento acusatorio presentado el último miércoles.
La fiscal imputa a Ollanta Humala y Nadine Heredia haber cometido esos actos de corrupción como parte del funcionamiento de una organización criminal “enquistada” dentro del gobierno nacionalista (2011-2016).
El objetivo de esa presunta red habría sido favorecer los intereses de empresas constructoras, entre ellas Odebrecht, luego de que esta financió su campaña del 2011 para llegar a la Presidencia.
Bajo esta tesis, el Ministerio Público pide 35 años de prisión para Ollanta Humala y Nadine Heredia por los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.
La compleja investigación fiscal se remonta al 2017 y sus avances llevaron a que Nadine Heredia esté bajo arresto domiciliario, por orden del Poder Judicial, entre septiembre del 2020 y marzo del 2022.
El caso aborda desde la firma del contrato con Kuntur Transportadora de Gas para el proyecto Gasoducto Andino del Sur en 2008; cómo luego Odebrecht adquirió la mayor parte de Kuntur; la llegada de Ollanta Humala y Nadine Heredia a Palacio de Gobierno en el 2011; la gestación del proyecto Gasoducto Sur Peruano, ganado en el 2014 por la constructora brasileña como parte de un nuevo consorcio; y la renuncia de Kuntur (convertida en subsidiaria de Odebrecht) a la referida concesión del Gasoducto Andino del Sur.
La acusación señala que la empresa brasileña necesitaba que el gobierno no ejecute la carta fianza de US$ 66.7 millones (a modo de garantía con el Estado), a raíz de que los plazos de la obra estaban avanzando y aún no iniciaban la construcción del proyecto.
En paralelo, la fiscalía señala que luego de ganar las elecciones con el financiamiento brasileño, Ollanta Humala y Nadine Heredia tuvieron un encuentro en Brasil con el entonces CEO de la constructora, Marcelo Obebrecht.
En ese encuentro, añaden, ellos le agradecieron el aporte a su campaña de US$ 3 millones y él le manifestó que para su empresa el proyecto del gasoducto era “prioritario”.
Ya dentro del gobierno nacionalista, la fiscalía acusa a Ollanta Humala y Nadine Heredia de haber “concertado” en torno al proyecto del gasoducto con el jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, durante una serie de reuniones sostenidas entre el último trimestre del 2011 y agosto del 2012.
Fruto de esos encuentros, la fiscalía identifica hasta cinco “acuerdos ilícitos” destinados a favorecer los intereses de la constructora:
-Dar por terminado el proyecto ‘Gasoducto Andino del Sur’ luego de que Odebrecht se asegure la conquista del subsiguiente proyecto ‘Gasoducto Sur Peruano’
-Que no se ejecute la citada “carta fianza” por US$ 66.7 millones, la cual aseguraba el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Kuntur Transportadora de Gas dentro del abortado proyecto Gasoducto Andino del Sur.
-Gestar el proyecto ‘Gasoducto Sur Peruano’ y convocarlo bajo el esquema de asociación pública privada (APP) para “darle continuidad” al proyecto Gasoducto Sur Peruano
-Favorecer fraudulentamente al consorcio integrado por Odebrecht durante la licitación del proyecto Gasoducto Sur Peruano
-Transferir el estudio de impacto ambiental y otros estudios del proyecto Gasoducto Andino del Sur al proyecto Gasoducto Sur Peruano.
Finalmente, el contrato del proyecto Gasoducto Sur Peruano se firmó en julio del 2014, adjudicado al consorcio integrado por Odebrecht y la española Enagás, al cual luego se sumaría Graña y Montero. El consorcio ganó el concurso con una oferta de US$ 7,328’654,511.
Poco después, en noviembre del 2014, el gobierno de Ollanta Humala aceptó la renuncia de Kuntur al proyecto Gasoducto Andino del Sur.
En tanto, el contrato del Gasoducto Sur Peruano se dejó sin efecto en enero del 2017, ya en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y en medio del estallido del Caso Lava Jato en Perú.
